Conforme se desarrollaba la Conferencia fui seleccionando una cantidad importante de novedosos documentos que luego envié -vía marítima- de Dinamarca a Costa Rica (MCJD), para compartirlos con instituciones estatales vinculadas a los temas y mandatos que asumimos los países participantes en la conferencia. El envío llegó en setiembre de 1980 y por varios meses tratamos de conseguir la aprobación de la cabeza de la institución para su desalmacenaje, lo cual no fue posible y el material se perdió. Este escenario dificultó la devolución de la experiencia vivida en la Conferencia. Posterior a este hecho hubo otros acontecimientos que mostraron incoherencia de las autoridades, quienes habiendo apoyado públicamente la Convención CEDAW, por otro lado, dificultaban el trabajo de la DGMF con sus acciones. Pero, aun así, continuamos apostando a crear una estructura dentro de la dirección, nombrar personal idóneo para los puestos instituidos y articular algunas líneas de trabajo claves para promover acciones a favor de las mujeres, enfatizando en mujeres rurales y urbanas de bajos recursos. Dentro del ministerio se logró coordinar nuestro trabajo de orden político con el Vice Ministro y el Oficial Mayor.

 

Sin embargo, en el último trimestre de 1980 se filtró información que indicaba que era posible que se fusionara (subsumiera) la DGMF con la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), que por la época formaba parte -administrativamente- del MCJD, aunque por ley de creación seguía integrando el Ministerio de Gobernación.

 

Rápidamente valoramos el escenario como amenazante para la institucionalidad de las mujeres y nos preparamos para luchar contra esa decisión, consultando a la Procuraduría General de la República si un "programa" creado por ley de presupuesto, caso de la DGMF, podía ser trasladado a DINADECO y por ende su estructura fusionada con dicha dirección. En plazo relativamente corto la Procuraduría se pronunció con criterio contrario al de la autoridad institucional, lo que derivó en indiscutible legitimidad a la lucha que estábamos dando por mantener la independencia presupuestaria y administrativa del programa de la Dirección General de Mujer y Familia. Cabe resaltar que esa ley de presupuesto fue el germen legal que asentó la institucionalidad pública de las mujeres y así quedó establecido en la controversia con dicha autoridad.

 

Con el legítimo respaldo de la resolución de la Procuraduría, movimos piezas políticas para mantener a la DGMF en el MCJD. Una de ellas, y vital, fue don Rodrigo Madrigal Nieto, quien presidía el Poder Legislativo, representando la fracción del Partido Coalición Unidad. Concerté cita con don Rodrigo en su despacho en la Asamblea Legislativa, le expliqué la situación, le plantee los argumentos, le mostré el resultado de la consulta a la Procuraduría y le pedí apoyo político para que no se trasladara la DGMF a DINADECO, a lo cual don Rodrigo accedió.

 

Pero es justo aclarar que la iniciativa de fusionar las dos direcciones no era la oficial del Gobierno, y muestra de ello fue el respaldo recibido en esos dos años tanto del señor Madrigal Nieto, como de don Rodrigo Madrigal Montealegre, Viceministro administrativo del MCJD y del Oficial Mayor Carlos Araya Guillén; sobre todo en el nombramiento del personal que robusteció la dirección.

 

Finalmente podemos decir, con orgullo, que ganamos una lucha estratégica que permitió que la institucionalidad de las mujeres en el Gobierno Carazo Odio no se fuera por la borda, pues la iniciativa de fusión no prosperó en su intención y solo evidenció el poco compromiso que algunas personas funcionarias tenían con las necesidades de las mujeres en el país y con la adecuada respuesta que les debía el Estado.

 

En palabras de hoy puede decirse que este hecho contribuyó a que nuestro país tuviera su propia arquitectura de género dentro del Estado costarricense, la cual se ha robustecido con el tiempo en beneficio de las mujeres costarricenses, en todos los aspectos que ello puede suponer o implicar. 

 

Referencia

 

  Rosero-Bixby, L., Jiménez-Fontana, P., Mora-Cedeño, Y., Castillo-Rivas, J. & Brenes-Camacho, G. (2018). Estimación (1980-2017) y proyección (2018-2100) de la población económicamente activa de Costa Rica. Informe metodológico. Importado de "Proyección PEA" website [20/08/21]: http://ccp.ucr.ac.cr/observa/CRpea/index.html.