Las deudas de la historia con las mujeres no son de ahora, son de siglos. De hecho, las primeras feministas que surgieron en los siglos XVII y XVIII, en el período de la Ilustración en Europa, iniciaron sus actividades haciendo una crítica a la naciente democracia y a su discurso sobre los derechos inalienables por su promesa incumplida de otorgar igual valor a todas las personas. Según estas feministas de hace más de doscientos años, las reglas de la democracia solo estaban produciendo resultados desiguales y abiertamente discriminatorios contra las mujeres.

Es por eso que las feministas inician desde ese momento una prolongada lucha por avanzar una amplia agenda de transformación social. Si bien los cambios ocurridos en la condición de las mujeres, como resultado de las luchas feministas, se encuentran entre los hitos más importantes de la modernidad, los resultados están llenos de contradicciones. Es decir, se produjeron importantes avances como el derecho al sufragio, el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas, el reconocimiento de su capacidad jurídica, su derecho a administrar bienes, su derecho a la propiedad, así como su ingreso masivo a la fuerza laboral remunerada, a los sistemas educativos y a las diferentes disciplinas científicas.

En años más recientes se han logrado otros avances como el reconocimiento constitucional de la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, y el establecimiento de leyes, políticas y programas para el adelanto de las mujeres en diferentes terrenos como el político, el económico, el social y el cultural. Se ha avanzado también en el reconocimiento de su derecho a vivir una vida libre de violencia, al control de su sexualidad y de su propio cuerpo.

Sin embargo, muchos de los logros del feminismo no se han aplicado en toda su extensión o han sido aprovechados, sobre todo, por las mujeres de clase media y alta, blancas o mestizas y de las zonas urbanas. Para las otras, las pobres, las indígenas, las afrodescendientes, las campesinas, la democracia y la justicia no llegaron ni antes ni ahora. Es decir, como resultado de la acción feminista se generaron políticas de igualdad, pero las condiciones de desigualdad económica, social, territorial, racial, etc., restringen la amplitud y contenido de esas importantes reformas y, muchas veces, dejan las políticas de igualdad en el papel. Lo anterior porque se produjeron cambios y reformas de mucha importancia, pero sin tocar el núcleo duro de la desigualdad.

De esta forma, las estructuras sexistas, clasistas, racistas, heteronormativas que todavía prevalecen ponen serios impedimentos para que los resultados de las largas luchas feministas puedan ser trasladados a las realidades concretas de las mujeres, en particular a las realidades de las mujeres más pobres y de los sectores más excluidos económica y culturalmente. Por otra parte, a pesar de los avances en el terreno del reconocimiento formal de derechos, persisten la división sexual del trabajo, el recargo en las mujeres de todas las tareas de cuidado y reproducción de la vida, y la violencia misógina. La redistribución equitativa de las responsabilidades y recursos entre mujeres y hombres, así como la construcción de un mundo libre de violencia son parte de las grandes revoluciones que no se han dado.

En ese sentido, no importa cuánto se avance en la agenda de transformación social propuesta por el feminismo, siempre se van acumulando las deudas. El tiempo de la igualdad de género siempre se va quedando rezagado, y muchísimas mujeres y niñas, de este país y del mundo, se quedan fuera de los logros.

En las vísperas del Bicentenario Costa Rica ya era una de las sociedades más desiguales de América Latina en términos de distribución del ingreso. La desigualdad social y económica siempre trae malos augurios para las mujeres. En los años previos al Bicentenario ya se estaba experimentando un aumento de las brechas entre mujeres y hombres en áreas como la pobreza, los ingresos, el desempleo, el acceso a trabajos de calidad y la violencia.

La llegada del Bicentenario nos encontró en medio de la pandemia del coronavirus, la peor crisis de los últimos 100 años. Esta crisis ha transformado nuestras formas de imaginar el mundo y de vivir en el mundo. Por eso, esta no es una crisis sanitaria, como le han llamado algunas personas. La pandemia del coronavirus ha generado una crisis civilizatoria al trastocar las relaciones sociales, las relaciones entre los géneros, las formas de organización de la producción, el papel de los estados, y hasta el lugar de los humanos en la historia y en la naturaleza.

La pandemia ha actuado como una especie de revelador de verdades, dejando al descubierto todas las opresiones y desigualdades preexistentes en nuestros países. Ha dejado al descubierto las desigualdades económicas, raciales, de género, la sobredependencia de las cadenas globales de producción, el abandono de la producción local, las grandes desigualdades territoriales, el descuido de los sistemas públicos de salud, la precarización del trabajo y la erosión de los derechos laborales.

Asimismo, la pandemia ha servido para exacerbar todos los problemas sociales y para aumentar las deudas con las mujeres y con otros grupos históricamente excluidos. Es decir, si antes había desigualdad, esta se profundizó. Si antes había diferencias entre hombres y mujeres en términos de acceso a recursos, empleo, distribución de las tareas de cuidado y reproducción de la vida, violencia, etc., esto no solo ha quedado al descubierto, sino que se ha incrementado.

En ese sentido, la crisis provocada por la pandemia ha traído cuatro golpes devastadores para las mujeres. Primero, los sectores de la economía que fueron golpeados más temprano y más fuerte, fueron los sectores con mayor presencia de mujeres: restaurantes, tiendas, servicios de belleza, así como el sector informal que es el que concentra la mayor cantidad de mujeres en Costa Rica y América Latina. Se produjo entonces una expulsión muy fuerte de mujeres del sector laboral remunerado. También se dio una pérdida de trabajos en algunos sectores exportadores como textiles, producción de frutas o de flores que también contratan a muchas mujeres. En estos lugares, la suspensión o reducción de las jornadas laborales afectó mucho más a las mujeres debido al mito muy extendido de que ellas son trabajadoras secundarias que no sostienen a sus familias. Por esas razones, la tasa de desempleo de las mujeres se disparó, llegando a estar cerca del 30% en el 2020, y prácticamente duplicó a la de los hombres.

El segundo golpe fue el cierre de los centros de cuidado de niños, niñas, de personas adultas mayores y, por supuesto, de las escuelas y colegios. Esto no solo multiplicó el trabajo de las mujeres en los hogares, sino que las recargó con otras funciones que generalmente cumplen instituciones públicas o privadas, como las guarderías, los centros de atención a personas adultas mayores y, por supuesto los centros educativos. Este golpe condujo a una re-domesticación de las mujeres y al fortalecimiento de discursos conservadores que exaltan los roles tradicionales de género.

El tercer golpe tiene que ver con el retroceso en términos de derechos sexuales y reproductivos. Debido a las condiciones de pandemia, se produjo una distorsión en el sistema de salud y tanto los hospitales como los centros de atención primaria tuvieron que priorizar la prevención de la propagación del virus o directamente la atención de las personas contagiadas, lo que aumentó las dificultades para el acceso a una atención oportuna y de calidad en salud sexual y reproductiva. Por otra parte, el temor al contagio y las medidas de confinamiento también dificultaron el acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos e incluso a la atención prenatal. Hay también reportes de un incremento de la violencia obstétrica debido a la sobrecarga del sistema de salud, al miedo a las embarazadas infectadas y a la tensión generada por la pandemia en el personal de salud.

El cuarto golpe es el aumento de todas las formas de violencia que se sufren en el contexto del hogar y de las relaciones familiares, pero también en el espacio público. La emergencia provocada por el Covid-19 fracturó los lazos existentes en las comunidades y las familias, aisló a muchas mujeres, las dejó encerradas con sus agresores y redujo los limitados recursos de apoyo disponibles. Por eso, la pandemia también generó muchas oportunidades para el incremento de la violencia doméstica y sexual, los asesinatos y las desapariciones de mujeres y niñas. También se generaron las condiciones para el incremento de otras formas de violencia como el ciber-acoso y la violencia sexual callejera para aquellas que por sus condiciones de vida o laborales no podían darse el lujo de confinarse. El incremento de la violencia puede verse claramente en el hecho de que en el año 2020 los homicidios de hombres decrecieron un 3% en el país, pero los de mujeres aumentaron un 38%.

Estos golpes no solo han expulsado a las mujeres de sus trabajos remunerados, sino que están evitando que muchas de ellas puedan buscar y encontrar nuevos trabajos. Lo anterior puede limitar las perspectivas de vida de muchas mujeres, incluso de algunas con mayor educación y condenarlas a la dependencia económica y a una reducción de ingresos para toda la vida. En ese sentido, algunos importantes avances que se habían dado en términos de autonomía económica de las mujeres han quedado anulados por la pandemia. El incremento de la pobreza y la desigualdad también hace que los avances, muy modestos, que se habían conseguido en el país en atención de las mujeres en condiciones de pobreza enfrenten serios retrocesos.

Estos golpes han tenido efectos inmediatos y también tendrán efectos de largo plazo. La independencia, la libertad, el bienestar y la integridad de las mujeres son las víctimas silenciosas de la pandemia. En el caso de Costa Rica, la pandemia ha retrocedido en 30 años los logros en la participación laboral remunerada de las mujeres.

De hecho, en términos históricos, esta es la primera crisis mundial que está tan entrelazada con la temática de los cuidados de hijos, hijas y otras personas dependientes. Por esa razón esta crisis amenaza con echar atrás algunos de los logros y avances más importantes del movimiento feminista del siglo XX, aquellos que tienen que ver justamente con crear mejores condiciones para alejar a las mujeres de los destinos atados a lo doméstico.

Sin embargo, los gobiernos del mundo, incluyendo el de nuestro país, no tomaron ninguna medida específica para proteger a las mujeres bajo las nuevas circunstancias de riesgo y afectación creadas por la pandemia. Tampoco se desarrolló un abordaje estatal que considerara el impacto diferenciado por género de la emergencia, lo que incrementó las deudas con las mujeres. Incluso las medidas específicas implementadas al inicio de la pandemia de manera temporal, como la entrega del Bono Proteger, no parecen haber tenido un impacto significativo en el descalabro que provocó y sigue provocando la emergencia en las mujeres, sobre todo las más vulnerables.

Frente a esta realidad, la mirada hacia el futuro tiene que enfocarse en reparar las desigualdades históricas y las nuevas que han surgido. La democracia, si quieren seguirse llamando democracia, no puede seguir acumulando deudas con las mujeres. Después de 200 años de vida republicana es evidente que el sistema de desigualdad tiene una enorme capacidad de adaptación y que puede seguir adelante imponiendo una sobrecarga y un extractivismo brutal del tiempo, la energía vital y la fuerza de trabajo de las mujeres.

El movimiento feminista sigue siendo un instrumento político fundamental en este proceso y debe enfocarse en plantear propuestas tanto en el terreno de lo macro como lo micro-social. En términos de lo macro-social, hay que seguir demandando estados de bienestar, así como una reforma fiscal progresiva que permita tener recursos frescos para invertir en las mujeres y las niñas. Si no hay una verdadera inversión de recursos, no importa cuántas nuevas normas o políticas se emitan. La experiencia histórica ya ha demostrado que amplios grupos de mujeres se quedan fuera de los beneficios de las leyes y políticas cuando no hay justicia redistributiva y una voluntad clara de reparar las desigualdades.

Otros factores estructurales que también alimentan la opresión de las mujeres son el racismo, la heteronormatividad, los fundamentalismos religiosos, el autoritarismo en las esferas públicas y privadas y, por supuesto, las relaciones de poder jerárquicas que naturalizan las normas tradicionales de género. Estas normas tradicionales de género terminan construyendo masculinidades violentas y controladoras, y feminidades sumisas. Esto también hay que combatirlo enérgicamente desde los diferentes campos de acción.

Es necesario entonces plantear alternativas para incrementar el bienestar, la justicia, el acceso a oportunidades y recursos, lo que ayudaría a reconstruir el tejido social, a recuperar un sentido de empatía y solidaridad, y a eliminar la precariedad de la vida. También en el terreno de lo micro son necesarias las propuestas que nos alejen del individualismo extremo, del "sálvese quien pueda" y que nos lleven, más bien, a valorar nuestra interdependencia con las otras personas y entre nosotras, los animales no humanos y la naturaleza. Es necesario recuperar las prácticas ancestrales de solidaridad comunitaria, la revalorización de los trabajos de cuidado, la defensa de la integridad corporal y la reconstrucción del sentido de empatía.

Como puede apreciarse, el proyecto de transformación social para saldar las deudas con las mujeres es de muy amplio espectro y puede parecer una tarea casi imposible. Sin embargo, hay que recordar que cualquier proceso de cambio social empieza hoy si hay voluntad y fuerza colectiva para hacerlo. Hay que continuar trabajando en la vida cotidiana, en el aquí y en el ahora, pero con la mirada puesta en la utopía. La utopía de reparar las desigualdades, desmercantilizar la vida, descolonizar y despatriarcalizar.