VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES OBSTACULIZA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLÍTICOS

San José, 21 de abril 2021. – "A mí me dijeron que cómo iba yo a ejercer un puesto de presidenta siendo mujer". "Hay dirigentes que dicen: -esta compañera maneja un perfil y no le gusta ni la fiesta ni nada entonces la verdad es que no me interesa tomarla en cuenta-" (refiriéndose a apoyo político a cambio de contacto íntimo/sexual).  "Cuando yo digo algo no me pone atención y si un hombre dice lo mismo con otras palabras a él si lo apoya". 

Esta y otras manifestaciones forman parte de los testimonios y de la cotidianidad de mujeres lideresas locales, alcaldesas e integrantes de Concejos Municipales que son víctimas de la violencia política.  De ahí que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), impulsa el proyecto de ley 20.308, el cual pretende prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política como práctica discriminatoria por razón de género.

"Me dice que no estoy en capacidad de enfrentarme a otros dirigentes por ser mujer, no tenemos las mismas oportunidades, los hombres se han adueñado de esas oportunidades".  "A mí me dijo que prefería renunciar antes que estar en un Concejo dirigido por una mujer".

Según la Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del INAMU, Marcela Guerrero Campos, estos testimonios son prueba inequívoca de la urgencia de aprobar esta iniciativa y de brindar protección a las mujeres que participan en la política local o nacional, para que lo hagan plenamente y en igualdad de condiciones y oportunidades.

"Debemos promover la prevención, eliminar la impunidad y aplicar las sanciones correspondientes para lograr erradicar la violencia y discriminación que, de manera diferenciada, se expresa contra las mujeres en la política. Costa Rica requiere eliminar también esa violencia contra las mujeres y avanzar, ahora sí, hacia una democracia paritaria", puntualizó la jerarca Guerrero.

Romper el silencio

Evidenciar la violencia política no es una tarea fácil, los estereotipos hacen que esa labor esté cuesta arriba, de ahí que la jerarca del INAMU hizo un llamado para que las lideresas y mujeres vinculadas con la política rompan el silencio y denuncien la violencia que sufren dentro de los espacios de toma de decisión.

"Me dijo -Las mujeres juegan de astutas y no saben ni usar un correo-". "Dice - yo soy el que tengo el conocimiento, usted no- ". "Hace gestos para que me calle, a los hombres no les hace eso".   "Mientras hablaba, el presidente se levantó y me tiró un limpión sobre la mesa, como diciéndome que me fuera a hacer oficio".

"Algunas personas recurren al uso de estereotipos de género, generalmente ligados a la condición sexual, a la maternidad o al estado civil para tratar de desacreditar a una mujer en el ejercicio de un puesto o en el momento de aspirar a algún cargo de elección popular", recordó Guerrero.

Para paliar esta situación se deben emprender acciones que promuevan la participación de las mujeres en espacios políticos desde edades tempranas, en condiciones de igualdad con los hombres, reconociendo que su ejercicio político es amplio y que pueden impulsarlo desde las organizaciones sociales, estudiantiles, en los partidos políticos, con comités locales, asociaciones y demás organizaciones de toma de decisiones.

Con el propósito de eliminar la violencia de las mujeres en política el INAMU promueve y apoya el expediente 20.308, Ley Contra el Acoso y/o la Violencia Política Contra Las Mujeres. Esta iniciativa de ley es el resultado de la experiencia de veinte años de mujeres vinculadas, al derecho electoral, al derecho penal, al derecho parlamentario y en materia de especialización de violencia. Tiene por objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política como práctica discriminadora por razón de género, que es contraria al ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres. Determina que se entiende por violencia política, establece los procedimientos, así como las sanciones políticas, éticas, administrativas y penales.

En este mismo sentido, tutela a las mujeres afiliadas y/o que participen en la estructura de los partidos políticos; a las mujeres que aspiren, sean precandidatas, candidatas de elección popular, ocupen cargos de representación política, o bien ocupen puestos en la estructura de organizaciones sociales (sindicatos, asociaciones civiles, cooperativas, asociaciones solidaristas y asociaciones de desarrollo comunal).