Posición Oficial del Sistema Nacional de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres

20 de julio, San José. Es imperativo asumir el femicidio como una expresión extrema de la multiforme problemática del odio y la violencia contra las mujeres de todas las edades en el patriarcado. La sistematicidad con que se presenta, día a día, no deja de asombrarnos y de indignarnos, no solo por su mera presencia, sino también por la característica constante que tienen los múltiples asesinatos de mujeres por el hecho de tener la condición de tales.

Ante esta realidad contundente la institucionalidad costarricense debe repasar las actuales estrategias para su enfrentamiento y eliminación, desde las propuestas de tipo preventivo -incluso en su nivel primario- hasta las medidas punitivas ante aquellos casos consumados. Todo ello, sin dejar de lado que la prevención primaria de la violencia contra las mujeres abonaría al enfrentamiento de las múltiples formas de violencia mencionadas. Al prevenir unas, se previenen otras.

Lo que queremos es que no haya más femicidios en Costa Rica. Por ello, proporcionar más herramientas a todas las mujeres -las niñas y las adolescentes también- para que estén en mejores condiciones de prevenir, tomar distancia, detener y denunciar actos de violencia en su contra, sigue siendo una tarea prioritaria, como la es también el abordar con hombres la cuota y la responsabilidad que les corresponde. Esto último debe llevarnos a la construcción, también desde edades tempranas, de una masculinidad diferente, respetuosa, solidaria y empática. Masculinidad que, por cierto, proporcionaría mejores elementos para la relación con las mujeres, pero también a otras que los hombres establecen (con otros hombres, con la naturaleza, consigo mismos).

No obstante, la dolorosa realidad es que los femicidios se siguen dando y es ante este doloroso panorama que vemos con preocupación las actuaciones y los resultados de diversos procesos judiciales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres \, que se han dado a conocer en los últimos días, lo que nos obliga a remirar el impacto que tienen las respuestas institucionales en la ciudadanía.

Lo peor que le puede pasar al país y a la sociedad en su conjunto es que se vaya impregnando la idea o la sensación de que, ante hechos tan lamentables, no pasa nada y que la responsabilidad del caso no es claramente atribuible. Debemos erradicar la impunidad porque reconocemos que ella alienta la comisión de nuevas conductas violentas.  Si bien apostar por la prevención es clave, lo cierto es que la sanción en aquellos casos ya dados también juega su papel: tan válido y necesario es prevenir y educar como evitar que la impunidad se entronice.  La impunidad transmite a la ciudadanía, y en particular a las mujeres, el mensaje de que la vida y la integridad de las mujeres tiene un valor secundario; tal escenario debe ser evitado a toda costa. El Estado debe asumir la responsabilidad que le corresponde, desde sus diferentes instancias en la prevención y la erradicación del femicidio.

La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. Desde esa perspectiva, el Estado costarricense tiene un punto de partida marcado por los compromisos asumidos con la firma de instrumentos internacionales, tales como la CEDAW y la Convención de Belem do Pará. De ahí, indudablemente, el punto de llegada tiene que ser también que las mujeres sintamos que el Sistema Institucional responde. Que podamos confiar en que se reconozca que un hecho de violencia es la comisión de un delito, que se identifique su autoría y que se imponga la sanción respectiva. Queremos confiar en que estas conductas violentas se atienden con la claridad de que afectan a la ofendida dentro del proceso y nos impactan a todas las demás, porque cada vez que tocan a una nos tocan a todas.