INAMU considera violatorio de los derechos de las personas menores de edad que se exija presencia de padres en farmacias para acceder a la anticoncepción de emergencia

San José, 19 de setiembre 2019. Existe amplia normativa que protege el derecho a la salud reproductiva y sexual de las personas menores de edad, su privacidad en el acceso a este derecho y a su autodeterminación, y esta aplica tanto para el sector público como el sector privado.  De manera que cuando las personas menores de edad buscan adquirir el anticonceptivo de emergencia en farmacias, no puede exigírseles la presencia de sus padres.  

En materia de niñez y adolescencia prevalece el interés superior de la persona menor de edad. Esto incluye su derecho a ser escuchadas y que se tome en cuenta su opinión. También el Comité de Derechos del Niño y la Organización Panamericana de la Salud sostienen que los servicios de salud sexual y reproductiva para personas menores de edad deben gozar de privacidad y requieren únicamente el consentimiento de la persona menor de edad. 

Reiteradamente los lineamientos sobre derechos humanos y bioética han sostenido que el asentimiento informado (es decir, el consentimiento informado aplicado a personas menores de edad) es indispensable en las decisiones de salud que estas personas menores de edad toman de acuerdo con la evolución de sus facultades. Por eso la Caja Costarricense del Seguro Social tiene un "Lineamiento para la consejería y prescripción de métodos anticonceptivos y protección como parte de la atención integral en salud a personas adolescentes de 10 a 19 años de edad" que parte de la privacidad de la persona menor de edad usuaria de los servicios de salud. 

Es más, existe la "Norma Nacional para la Atención Integral de la Salud de las Personas Adolescentes: componente salud sexual y reproductiva", Decreto Ejecutivo N° 39088-S, cuyos principios rectores son el interés superior de la persona menor de edad y su discriminación positiva, la participación y su autonomía progresiva. Debido a esta Norma Nacional, que aplica tanto al sector público como privado, las personas menores de edad a partir de los 10 años no requieren el consentimiento de ninguna persona adulta para obtener métodos de anticoncepción ni información sobre salud sexual y reproductiva. 

Finalmente, en el país existe el Decreto Ejecutivo N° 41772-S del 23 de abril de 2019 que permite la comercialización libre o sin receta del levonorgestrel, anticonceptivo oral de emergencia (AOE). Este decreto no restringe el acceso a este anticonceptivo por razones de edad. 

Es un hecho científicamente probado que este medicamento NO es abortivo, no tiene efecto antiimplantatorio y tiene mecanismos de acción muy similares a la anticoncepción oral regular o pastillas anticonceptivas. 

Desde el Instituto Nacional de las Mujeres instamos a las farmacias y regentes farmacéuticos a respetar los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, ampliamente reconocidos por la normativa nacional e internacional, y en ese sentido, vendan sin restricción la anticoncepción oral de emergencia a quien la solicite.