INAMU cuestiona portillos legales para incumplimiento del pago de pensiones alimentarias

30 de setiembre de 2019, San José –El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), celebra los esfuerzos para resolver más rápido los procesos legales en materia de derecho de familia con la reciente aprobación del Proyecto de Ley N°19.455 que crea el Código Procesal de Familia.

No obstante, la nueva normativa significa un retroceso en varios aspectos relacionados con las pensiones alimentarias, pues impone trabas innecesarias para notificar al deudor alimentario. Además, crea la figura de "apremio especial" que implica dejar libre y sin controles durante ocho horas diarias a quien sea detenido por el no pago de pensión alimentaria, sin establecer requisitos claros y apelando a la buena fe de que esa persona vuelva al centro de detención tras el cumplimiento de las 8 horas.

La poca claridad sobre los controles y el nuevo proceso de notificación pone en peligro el derecho a la alimentación, salud y vivienda digna de la niñez, personas con discapacidad y adultas mayores y representa seguir cargando únicamente en las mujeres el cuido y manutención de estas personas. Según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, durante el año dos mil dieciocho, se solicitaron 369.595 solicitudes de apremio corporal, esto incluso con todas las dificultades que aún implica pedirle una al despacho judicial correspondiente.

"Solicitamos a la Asamblea Legislativa introducir los cambios necesarios al Código Procesal de Familia antes de su entrada en vigor en octubre del 2020. Debemos remediar estos intentos por retroceder en la obtención de derechos a favor de la corresponsabilidad social de los cuidados, los derechos de la niñez y también el acceso a la justicia", declaró Patricia Mora Castellanos, Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del INAMU.

Por otro lado, algunas disposiciones de este código limitan el acceso a la justicia, pues exige que las personas cuenten con un abogado para poder divorciarse, para que se reconozca su unión de hecho o para separar bienes en común, sin que el Poder Judicial cuente con una defensa Pública en Familia para atender estas situaciones, lo que significará una carga económica significativa para las víctimas de violencia doméstica y mujeres en general.