AVANZA PROYECTO DE LEY QUE SANCIONA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA POLÍTICA

29 de julio, 2021 – San José. La Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa dictaminó unánime afirmativo esta semana el texto sustitutivo del expediente 20.308 para "Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política". Con el voto de las diputadas y el diputado presentes, el proyecto de ley avanza en ruta hacia el Plenario Legislativo para convertirse en ley de la República.

Marcela Guerrero Campos, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, expresó su beneplácito con lo acordado por la comisión legislativa. Para la jerarca, el Proyecto de ley 20.308 significa un paso más hacia la igualdad efectiva, la consecución de la democracia paritaria y el abordaje para atender y prevenir la violencia en todas sus formas, en este caso, la violencia de género en la política, uno de los principales obstáculos que limitan la participación y trunca las carreras políticas de las mujeres.

A pesar de la ausencia de normativa para sancionar las conductas de violencia política contra las mujeres, según el Tercer Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica realizado por el INAMU, del 2013 al 2017 se presentaron un total de 590 recursos de amparo electoral por parte de vicealcaldesas primeras. El número de casos podría ser mucho mayor, pues se sabe que existe un dato oculto de hechos en los que no se denuncia y, además, de ausencia de información que permita la medición y visibilización de esta violencia en otros sectores.

"Gracias a la lucha de las mujeres a lo largo de la historia, Costa Rica ha avanzado con firmeza para garantizar la paridad de género en los espacios políticos-electorales, sindicatos, asociaciones comunales y solidaristas. Requerimos fortalecer los esfuerzos para que esa participación ocurra en espacios de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y, para lograrlo, esta normativa es una herramienta básica", señaló Guerrero.

Ha sido un largo camino el recorrido para la aprobación del texto sustitutivo del expediente 20.308 alcanzándose un punto de madurez y construcción colectiva entre instituciones como el INAMU, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Asamblea Legislativa. Además, el expediente en su trámite alcanzó fortalezas mayores con los aportes de las consultas a diversos sectores y de lideresas cuyas observaciones fueron esenciales para alcanzar el acuerdo de esta semana.

El proyecto de ley, además de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, describe, entre otros aspectos, qué se entiende por violencia política, establece procedimientos, así como, las sanciones éticas, administrativas, políticas y electorales en concordancia con la naturaleza de la conducta que se sanciona.

"Es por esta razón que se puede afirmar que con la aprobación de esta normativa Costa Rica continuaría a la vanguardia a nivel latinoamericano en la defensa del derecho a la participación política de las mujeres libre de violencia de género , porque con este proyecto apostamos por una visión integral, no solo se atiende a las militantes de los partidos políticos, sino también, a aquellas que participan en organizaciones sociales como sindicatos y asociaciones", comentó la ministra.

En otro orden, la jerarca también se refirió a esta aprobación como un compromiso ético por generar un pacto social y político que permita la trasformación y la eliminación de prácticas o argumentaciones que violentan a las mujeres y que han sido naturalizadas. "No hacerlo va en contra de las luchas de las mujeres y de los compromisos adquiridos por el Estado Costarricense, mediante normativa nacional e internacional sobre derechos humanos y políticos de las mujeres", sentenció.

La ruta del proyecto

La primera iniciativa para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en la política fue presentada nueve años atrás, en el año 2013, por la exdiputada Pilar Porras. Sin embargo, el proyecto fue enterrado en la Comisión de la Mujer, presentándose posteriormente por parte de varias diputadas una nueva versión, el expediente 20308, iniciativa de la liberacionista Maureen Clarke.

Sin embargo, el texto inicial de este proyecto no fue respaldado por las consultadas realizadas y, el informe jurídico de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa tampoco le favoreció.

Para diciembre de 2020 la diputada Nielsen Pérez lidera un nuevo proceso de construcción de la ley con la participación del INAMU, el TSE y la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa.

En febrero 2021 se presenta un primer texto sustitutivo que es aprobado por la Comisión de la Mujer y enviado a consulta, recibiendo más de un centenar de opiniones favorables y recomendaciones que dan como resultado el nuevo texto sustitutivo aprobado esta semana. Antes de ser conocido por el Plenario Legislativo, el proyecto deberá ser consultado nuevamente.

Sobre esta materia, en el ámbito internacional destaca Bolivia como el primer país en aprobar una Ley de este tipo en el año 2012, además de la Declaración sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres (2015) y la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política (2017) ambas del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres, Convención Belém do Pará (MESECVI), Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), Organización de Estados Americanos (OEA).