Mediante la aprobación de la Ley N° 7801: Ley de Creación del Instituto Nacional de las Mujeres, se logró un mejoramiento del estatuto legal demandado por los acuerdos internacionales y que establece en su articulado la posibilidad de desarrollar en el campo jurídico, una labor promotora de la legislación y controladora de cumplimiento de normas en favor de los derechos de las mujeres.

Esta ley del INAMU consagra como una de sus atribuciones el "Coadyuvar, cuando lo considere pertinente, en los procesos judiciales que afecten los derechos de las mujeres", lo cual a su vez da cumplimiento al mandato legal de "Vigilar que las disposiciones administrativas no sean discriminatorias y respeten los derechos de las mujeres" (artículo 4, incisos k) y h).

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