Nuestra Historia

Desde hace más de veinte años, con diferentes denominaciones y características específicas, han ido surgiendo en los países mecanismos nacionales de promoción de las mujeres, también conocidos como Oficinas Gubernamentales de la Mujer (OGM).alt

El surgimiento de esas instancias, guarda relación con el contexto mundial generado a partir de las luchas de reivindicación impulsadas por los movimientos de mujeres y feministas que, progresivamente, han obtenido un lugar en la agenda pública y han establecido una demanda de compromisos por parte de los Estados. También debe considerarse el consenso de la comunidad internacional, generado por la Organización de las Naciones Unidas y sus Conferencias sobre la Mujer, con respecto al establecimiento de los mecanismos gubernamentales apropiados para mejorar la situación de las mujeres, así como el cumplimiento efectivo de sus derechos.

En 1974 se creó en Costa Rica, la Oficina de Programas para la Mujer y la Familia del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, como la instancia encargada de coordinar las acciones relativas a la celebración de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer en México (1975). Esta oficina fue creciendo y fortaleciéndose hasta que en 1986 se convirtió en el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, ente rector de políticas nacionales a favor de las mujeres, con personería jurídica y patrimonio propio, pero todavía adscrito al Ministerio de Cultura.
La experiencia de trabajo desarrollada desde el Centro, determinó claramente que:

  • Las políticas públicas para la equidad y la igualdad de género requerían de compromisos para su ejecución, tanto de los altos niveles de toma de decisiones, como de las entidades del sector público; y que, existían limitaciones para ejercer las funciones de rectoría en la materia, debido a la contradicción existente entre la amplitud de sus competencias y su ubicación en el aparato estatal (órgano adscrito a un Ministerio).
  • El reconocimiento de estas limitaciones, puso de manifiesto la imperativa necesidad de fortalecer el Mecanismo Nacional.


En abril de 1998, la Asamblea Legislativa aprobó la transformación del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y Familia en el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, ( Ley de la República N° 7801), entidad autónoma y descentralizada con amplitud de funciones y atribuciones. Además, se creó el rango de Ministra de la Condición de la Mujer quien a su vez asumirá la Presidencia Ejecutiva del Instituto.

La primera mujer que ocupó este cargo fue la Dra. Yolanda Ingiana Mainieri, posteriormente asumieron la Licda. Gloria Valerín Rodríguez y la Dra. Xinia Carvajal Salazar, en la Administración Rodríguez Echeverría.

Durante la Administración Pacheco De La Espriella, se contó con dos jerarcas: Primero, la Ingra. Esmeralda Britton González quien ejerció el cargo hasta junio de 2004 y la Licda. Georgina Vargas Pagán quién ejerció el cargo hasta el 8 de mayo de 2006.

En la administración el Dr. Oscar Arias Sánchez, se nombró a la Licda. Jeannette Carrillo Madrigal, como Presidenta Ejecutiva del INAMU. La Sra. Carrillo renunció a su puesto a partir del 4 de mayo del 2009 y fue sustituida por la master Mayra Díaz Méndez hasta el 7 de mayo del 2010.

En la administración de la Msc. Laura Chinchilla Miranda, periodo 2010 - 2014, se nombró a la Licda. Maureen Clarke Clarke como Presidenta Ejecutiva de la institución, quien renuncia a partir del 31 de julio del 2013 y se nombra a la Licda. Isabel Chamorro Santamaría hasta el 8 de mayo del 2014.

En la administración del Dr. Luis Guillermo Solís Rivera, período 2014-2018, se nombra a la  MSc. Alejandra Mora Mora a partir del 8 de mayo del 2014.

En la Actual administración del Sr. Carlos Alvarado Quesada, período 2018-2022 se nombra a la Licda. Patricia Mora Castellanos a partir del 8 de mayo del 2018.

Con la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, se dio un paso fundamental en la tarea de reforzar la eficacia del Mecanismo Nacional.

Mision, Vision, Valor Público y Valores del INAMU

Misión

El INAMU es la institución rectora que promueve el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres en su diversidad; así como su autonomía, inclusión, empoderamiento y la no violencia de género, en coordinación con el estado costarricense y la sociedad civil.

Visión

El INAMU será reconocido por su liderazgo, compromiso, excelencia y efectiva gestión político-técnica, para la transformación sociocultural hacia una sociedad justa e igualitaria en el marco de los derechos humanos de las mujeres. 

Valor Público

La promoción para el cambio cultural hacia la igualdad de género y la protección de los derechos humanos de las mujeres en su diversidad. 

Valores Institucionales:

  • RESPETO: Implica la toma de conciencia de las diferencias y particulariodades de las personas para comunicarnos asertivamente, desde el enfoque de los Derechos Humanos.

  • COMPROMISO: Mostrar un interés genuino por la labor que se realiza, uniendo lo mejor de nuestras voluntades y esfuerzos con entusiasmo, pasión, proactividad y excelencia.

  • EQUIDAD: Acciones para favorecer la igualdad a partir de las necesidades diversas de las personas actuando con justicia y fomentando relaciones de no discriminación.

  • SORORIDAD: Actitud de alianza y cooperación entre mujeres, generando cohesión e integración basada en metas y objetivos comunes.

  • IGUALDAD: Exige el reconocimiento del valor y la dignidad de todas las personas y el disfrute pleno de sus derechos.

 

 

 

POLÍTICA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2017-2032

  

Descripción de la política en materia de autonomía económica:

La Política es un documento consensuado a nivel interinstitucional e intersectorial, desde un enfoque de derechos humanos, en concordancia con lo que establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará).

Con esta Política Nacional 2017-2032 se busca la continuidad del esfuerzo iniciado a mediados de los años noventa con la elaboración del primer Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y el Abuso Sexual Extra-familiar (PLANOVI: 1994), y el segundo Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja y familia como por hostigamiento sexual y violación (PLANOVI Mujer: 2010-2015).

Se cumple también con el mandato incluido en varios instrumentos de ley donde se obliga al Estado costarricense a: "Promover políticas públicas, planes, programas, propuestas jurídicas, proyectos o acciones que garanticen el cumplimiento de los mandatos establecidos en los diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que protegen el derecho humano a vivir libre de violencia" (Convención de Belem do Pará, Ley N. 7586 contra la Violencia Doméstica, art. 22, Ley 8688 Creación del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar art 2).

En materia de autonomía económica se reconoce que la pobreza puede aumentar el riesgo frente a la violencia. Determinados grupos de mujeres, incluidas las mujeres y niñas que viven en la pobreza y la exclusión, se enfrentan a múltiples formas de discriminación y, como resultado, también sufren un mayor riesgo de violencia. Diversos estudios reflejan que las niñas pobres tienen una probabilidad 2.5 veces mayor de casarse en su infancia que las que pertenecen al quintil más rico. El matrimonio temprano de las mujeres generalmente implica embarazos también tempranos y múltiples, la interrupción de los estudios, el desempleo, subempleo o empleo informal y con ello la trasmisión intergeneracional de la pobreza para las nuevas generaciones.

Por ello, esta Política contempla  3 ejes. Específicamente el Eje 3 propone una articulación de iniciativas de desarrollo social para desvincular pobreza multi-dimensional, exclusión y violencia contra las mujeres.

Este eje busca articular las alianzas y estrategias entre políticas y programas públicos nacionales para el direccionamiento y la reorganización de la inversión estatal para posibilitar la autonomía económica de las mujeres como una manera de protegerse de la violencia o como una alternativa para salir de esta y, particularmente, para contribuir a romper la trasmisión intergeneracional de la pobreza y de la VcM.  

Su objetivo es: Aumentar el acceso de las mujeres afectadas por la violencia en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión, a programas de desarrollo económico y social articulados, continuos y de largo plazo que coadyuven al logro de su autonomía económica, con especial énfasis en mujeres adolescentes, madres por primera vez y madres con niños y niñas menores de 5 años.

Población:

• Mujeres de todas las edades con especial atención en niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, por las siguientes razones:

• Niños y adolescentes como población estratégica para el cambio y para su involucramiento activo en la prevención de la Violencia contra las Mujeres.

Enlaces de interés:

https://www.inamu.go.cr/web/inamu/pieg-y-planovi

Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica 2018-2030

Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica 2018-2030

  

Descripción de la política en materia de autonomía económica:

La Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica 2018-2030 responde a los compromisos internacionales sobre derechos humanos y la igualdad efectiva, sustentado en la convencionalidad ratificadas por Costa Rica que protegen los derechos de las mujeres; en particular la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1984) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención Belem Do Pará, OEA 1994), así como las declaraciones, Acuerdos, Plataformas sobre la materia, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene como objetivo que nadie se quede atrás en el Desarrollo.

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Reconoce varios nudos estructurales que limitan el avance hacia la igualdad efectiva, entre ellos destacan el Nudo 2 y el Nudo 3.

El Nudo 2 se refiere a la División sexual del trabajo y a la injusta distribución del cuidado. En este se reconoce que, desde la perspectiva histórica y a partir del análisis de las relaciones desiguales entre mujeres y hombres, se ha establecido que la división sexual del trabajo es una de las principales fuentes de discriminación y desigualdad contra las mujeres.

En esta división, el mundo de lo masculino, se asocia al ámbito de lo público y al trabajo remunerado y el de lo femenino, a lo privado, la familia, el hogar y a los trabajos no remunerados.

El problema subyacente es la persistente y desigual distribución de tareas y responsabilidades entre ambos sexos, derivada de la percepción estereotipada de lo que representa en la sociedad el trabajo doméstico de cuidados, como algo de poca significancia y valor para la economía, asociado a lo femenino y a los afectos.

El Nudo 3. Plantea la Desigualdad socioeconómica y persistencia de la pobreza en el marco de un crecimiento excluyente en donde las principales afectadas son las mujeres..

Población beneficiada:

Son todas las mujeres habitantes del país, sin obviar la responsabilidad desde el Estado y otros sectores públicos y privados de darles respuesta en su diversidad ante las situaciones de discriminación que se ejerce contra ellas por barreras que dificultan su plena igualdad y su progreso como son: la edad, idioma, origen étnico, orientación sexual, identidad de género, cultura, religión, discapacidad, pertenencia a poblaciones originarias o por otros factores

Enlaces de interés:

https://www.inamu.go.cr/pieg2018-2030