Introducción

“Los efectos de la actual crisis económica mundial se transmiten directamente hacia el mercado laboral mundial.  Pero están resultando perjudicadas actividades con alta participación laboral de mujeres, tales como el comercio, servicios financieros, industria manufacturera -especialmente la manufactura textil y las maquilas-, el turismo, empleo doméstico”. (León, 2009)

De acuerdo con León (2009) la pobreza no siempre se ha analizado desde una perspectiva de género. Antes que el análisis feminista contribuyera a este tema, se consideraba que la población pobre estaba íntegramente conformada por hombres (ubicándolos en su rol tradicional de proveedores) o bien se daba por sentado que las necesidades e intereses de las mujeres eran idénticos a los de los hombres jefes de hogar, y por ende podían supeditarse a ellos.

 La perspectiva de género permite hacer análisis del impacto de la pobreza en la vida de las mujeres, tomando en cuenta sus condiciones de vida, así como sus necesidades estratégicas. Esto lo logra no sólo evidenciado la vivencia de la pobreza en la vida cotidiana, sino también comprendiéndola de manera estructural, integrando los factores económicos y culturales propios del sistema patriarcal que sostienen y perpetúan condiciones de desventaja de las mujeres, principalmente en lo que respecta al ejercicio de los derechos económicos.

De esta manera, conocer y responder a las necesidades de las mujeres implica el diseño y fortalecimiento de estrategias que posibiliten una acción conjunta interinstitucional cuyo eje central sea la promoción de la autonomía económica de las mujeres, así como el fortalecimiento del liderazgo y la participación política de las mismas.  Una respuesta articulada, desde la perspectiva de género,  implica reconocer y tomar en cuenta la diversidad de las mujeres, mismas que tienen experiencias diferenciadas de pobreza, exclusión y vulnerabilidad, aunque estadísticamente sean vistas como un solo grupo.

Producto de la distribución desigual de la riqueza las brechas sociales se han ido ensanchando en América Latina y esto está impactando de manera especial a las mujeres, mismas que por lo general -dada su situación histórica de exclusión- han presentado situaciones de desventaja cada vez mayor, en tanto los roles tradiciones no han variado de manera significativa y muchos cambios  -provocados en gran parte por la presión económica- han contribuido a que la mujer tenga una doble o triple jornada.

Según León (2009), encontramos en América Latina, en los primeros años de este siglo las siguientes tendencias con respecto a las mujeres y su acceso a los recursos:

Las mujeres están excesivamente representadas en el empleo informal, el cual se caracteriza por una mala remuneración, condiciones de trabajo deficientes y falta de protección.

Hay más mujeres en puestos de trabajo superiores, sin embargo, la disparidad salarial sigue persistiendo en el mundo.

Pese al creciente ingreso de mujeres en el mercado laboral, su tasa de participación (58 %) continua siendo significativamente menos que la de los hombres.

Las tasas femeninas de desocupación (12 %) se mantienen más altas que las de los hombres (8 %)

Los ingresos de las mujeres en las zonas urbanas constituyen 65 % de los ingresos masculinos.

Las mujeres interrumpen su historia laboral más frecuentemente que los hombres para atender obligaciones familiares de crianza de los hijos y de atención a adultos(as) mayores.

De acuerdo con León (2009), la mayor dificultad que encuentran las mujeres para ingresar al mercado laboral y su inserción  desventajosa conducen a que una menor proporción de mujeres (19%, con respecto a los hombres  32%) aporte al sistema de seguridad social y acceda a pensiones de jubilación. Adicionalmente, las pensiones de las mujeres son inferiores a las que reciben los hombres, equivaliendo en la población mayor de 65 años a un 77% de las pensiones masculinas.

Hombres y mujeres se ven afectados de maneras diversas en su acceso a oportunidades y recursos, dependiendo de una mezcla compleja de factores.  Lo que sí es claro es que los mandatos de género del patriarcado afectarán de manera especial a las mujeres, tengan compañero o no lo tengan, sobre todo si se toma en que el acceso a los derechos económicos es la dificultad principal mientras no exista una política de asignación equitativa de recursos para hombres y mujeres, que se materialice en esfuerzos sectoriales e intersectoriales articulados hacia el adelanto de las mujeres en esta materia.

Dada la distribución sexual del trabajo y los roles tradicionales generados, ha recaído sobre la mujer el cuido y el bienestar de otras personas, no sólo hijos e hijas, sino en muchos casos otros familiares directos o indirectos, como personas de la tercera edad y personas con discapacidad.   Esta acción se considera además inherente a la identidad femenina y por tanto intransferible, independientemente de las actividades sociales y económicas que las mujeres ejercen como parte de sus proyectos de vida. Situación que afecta aún más la condición de las mujeres.

En la Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing, China, en 1995, una de las esferas de especial preocupación fue la "persistente y creciente carga de la pobreza que afecta a la mujer" (Beijing, 1995) para lo  cual se propuso la adopción de medidas estratégicas de acción.  Esta preocupación, es un eco de lo que ya la convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer había apuntado: “Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza, la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades” (1985)

Para León (2009), algunas características que inciden en la relación mujer y pobreza son:

Gran concentración de mujeres que trabajan en el sector informal en situaciones precarias de empleo, las que perciben salarios exiguos e inestables y no cuentan con sistema alguno de protección social.

Las mujeres pobres gozan de mínima autonomía económica con el consiguiente impacto en materia de reconocimiento social, autoestima y manejo de recursos de poder al interior del hogar.

La proporción de hogares con jefatura femenina ha aumentado en casi todos los países y estratos de pobreza.

Las mujeres pobres jefas de hogar son las únicas proveedoras del hogar y el sustento que obtienen es inferior al que logran los perceptores hombres.

Estas mujeres enfrentan una doble carga de trabajo y agudas situaciones de tensión, estabilidad emocional y salud mental al enfrentar solas las responsabilidad de otras personas (niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad)

Las mujeres pobres destinan una importante dedicación de su tiempo al trabajo doméstico, que se duplica cuando éste debe ser complementado con trabajo remunerado al exterior del hogar.

Hacia una respuesta gubernamental para la reducción de la pobreza.

Para Trejos (en Herrero y González, 2006) hablar de personas pobres en Costa Rica puede implicar referirse alrededor del 20 al 40 % de las familias, pues la calificación como persona pobre depende de la metodología usada en las mediciones. En números absolutos, podríamos referirnos a un rango de 200.000 a 400.000 familias, lo que significa hablar de  900.000 a 1.700.000 personas.  Dado este panorama, ésta no es una cifra despreciable y por ende no es un problema menor.

El autor, indica que pese a que la pobreza se urbaniza ésta sigue siendo más extensa e intensa en las zonas rurales, donde todavía viven por lo menos la mitad de los pobres. Dado lo anterior, la zona rural debería ser un área de atención prioritaria y normalmente no lo es. Además, con frecuencia se aborda esta problemática desde el sector social y no desde el económico, sin atender las implicaciones de la construcción de una nueva ruralidad generada desde la globalización de mercados (De Grammont, C. 2004).

Para precisar más su ubicación, la pobreza es un problema regional, las zonas más pobres son los distritos rurales fronterizos y costeros, por lo que se deben considerar los factores externos e internos que influyen en el desarrollo de estas áreas, tales como las migraciones, los patrones de consumo y los nuevos estilos de vida. También hay personas pobres en zonas urbanas: por ejemplo, La Uruca, Patarrá, Desamparados, Limón y los Puertos.  Lo que nos enfrenta a dos tipos de zonas pobres: las zonas fronterizas y rurales –ya no tan “rurales”, muy pobres y con poca población- y las concentraciones de pobres en las zonas urbanas –sumamente pobladas y en donde se complejizan las problemáticas día a día-.

Ante esta diversa y compleja problemática, generalmente las instituciones del sector social y los gobiernos en general tienden  a hacer propuestas para atacar la pobreza desde un enfoque individual, dejando de lado o poniendo poco énfasis en la necesidad de inversiones públicas y privadas para crear oportunidades y más aún generar cambios estructurales que favorezcan a los sectores empobrecidos.

Pero ¿Quiénes son esas personas pobres?; Trejos señala en este sentido las siguientes condiciones:

Cuando hay menores de seis años el riesgo de pobreza es  mayor, mientras que cuando hay personas adultas que pueden generar un ingreso adicional, el riesgo de pobreza disminuye.  Ese riesgo vuelve a aumentar cuando la familia va perdiendo a esas personas adultas que van formando otros hogares.

La importancia del énfasis a las familias con niños y niñas, es que permite romper la reproducción intergeneracional de la pobreza.  Se necesita que la niñez pueda sumar suficiente capital humano para que no lleguen a ser jefaturas de familias pobres. Si bien hay casi un 100 % de permanencia de la niñez en primaria, no todos y todas las niñas completan su educación en estos ciclos.  En la zona rural cerca de la mitad logra completar la primaria y en la zona urbana hay un 20 % que no la completa.  Además, hay rezagos en la educación preescolar, lo que determina una parte importante del éxito en primaria.

El riesgo de pobreza aumenta cuando la mujer está al frente del hogar, independientemente de la etapa del ciclo de vida de la familia.  Esto hace que aumente la presencia de mujeres en los hogares pobres, especialmente en las zonas rurales. Las mujeres participan menos en la economía y lo hacen con menos éxito en tanto el mercado de trabajo es más exigente con ellas. Esto genera altas tasas de desempleo y bajas tasas de participación tanto en la zona urbana como la zona rural. Es importante, por tanto, realizar acciones para que las mujeres logren acumular suficiente capital humano, pero también para que lo utilicen participando efectivamente  en el mercado de trabajo.

Las personas jóvenes -12 a 24 años- no enfrentan un riesgo de pobreza mayor a la media, pero la disyuntiva de la familia es entre estudio y trabajo, a pesar de que este último sea precario y comprometa las oportunidades futuras de la juventud. El trabajo de las personas jóvenes les permite ingresos para superar la línea de pobreza, pero a costa de comprometer las oportunidades futuras de los jóvenes.  Si la CEPAL dice que la gente requiere por lo menos educación secundaria completa para tener una probabilidad del 80 % o más para superar la pobreza, estos datos muestran que el país no le está dando esas oportunidades a los sectores pobres y entonces simplemente se está reproduciendo la pobreza.

El riesgo de pobreza es mayor en familias con un jefatura inactiva sin acceso a la seguridad social. Por lo tanto, está en riesgo el campesinado –sometido desde hace décadas a las demandas del mercado global- y el sector  asalariado de pequeños negocios y micronegocios agrícolas.

Con riesgo de pobreza intermedio se encuentran las personas que trabajan por cuenta propia no agrícolas, personas asalariadas de microempresas no agrícolas y de   empresas agrícolas grandes y personas del sector micro-productor agrícola.

Ante la complejidad de las condiciones y manifestaciones de la pobreza, en lo relativo a la  protección social, la medida más común hasta ahora implementada por los gobiernos tiene que ver con el desarrollo de programas que incluyen transferencias condicionadas. Sin embargo, esta medida es solamente una parte de las medidas necesarias para superar la pobreza. Zumbado (en Herrera y González, 2006), identifica los principios orientadores para una respuesta integral a la situación de la pobreza:

Dar uso estratégico a los programas focalizados para que las personas pobres se beneficien del gasto social. Para lograr este propósito, pueden ser muy importantes los programas selectivos dirigidos a grupos de población previamente identificados.

Desarrollar una política pública con perspectiva espacial, ubicando las zonas de mayor concentración de la pobreza, distinguiendo entre las urbanas y las rurales.

Superar las divisiones entre lo social y lo económico, aprovechando que la política económica y la social, comparten el objetivo de aumentar la generación de empleo y el nivel de ingresos de la población.

Elevar la eficiencia y la eficacia de los recursos ya destinados, ya que si bien se asignan recursos no siempre se evidencia el impacto esperado. Para ello, es necesario evaluar el impacto de los programas para adaptarlos a las nuevas necesidades de las familias y del país. Brindar acompañamiento y definir un seguimiento es fundamental para romper con el asistencialismo.

Aprovechar las mejores prácticas internacionales.

Para esto propone el mejoramiento de barrios urbanos, basado en:

La articulación de la política social, la de desarrollo urbano y la de vivienda, por medio de una intervención estatal más contundente para reducir las desigualdades en la oferta de servicios públicos y en la calidad del espacio urbano, que afectan a los barrios con alta concentración de pobreza, lo anterior, sin dejar de lado el sistema de transferencias condicionadas a familias en pobreza extrema.

Transferencias no condicionadas a personas adultas mayores indigentes. Fortaleciendo el programa de pensiones no contributivas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo cual implica el aumento de estas pensiones a las personas que ya están registradas por el programa, hasta cubrir el costo de la canasta básica, lo que sacaría a las personas beneficiadas de debajo de la línea de pobreza.

Generación de empleo en zonas rurales atrasadas.  Consiste en promover la generación de empleo no precario. Se aspira a promover una mejor inserción de la población rural en edad laboral dentro de las cadenas de producción y comercialización más productivas que operan o podrían operar en las zonas rurales.

Una política de vivienda con mayor impacto en la reducción de la pobreza.  Tomando en cuenta que las nuevas viviendas tengan acceso a servicios urbanos básicos, que estén cerca de buenos centros de salud y educación y de fuentes de empleo no precario, y que tengan  acceso a servicios de cuido infantil para que las madres puedan aportar al ingreso familiar.

Orientaciones de reforma institucional para enfrentar las limitaciones: Un esquema institucional más sencillo y más estratégico para la política selectiva. Un sistema único de identificación de la población objetivo. Superando las limitaciones de los existentes y recopilando información valiosa como la que tienen los Equipos Básicos de atención Integral de las Salud (EBAIS) de la CCSS.

Fortalecer la evaluación y el monitoreo en el FODESAF. El principal fondo estatal del país especializado en financiar programas selectivos de superación de la pobreza es el Fondo de Desarrollo  Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).  Este fondo podría ser más eficiente si contara con un sistema de evaluación y monitoreo de programas.

Planes regionales de superación de la pobreza, que tomen en cuenta un diagnóstico regional específico y superen la descoordinación que predomina entre las entidades estatales,  integrando los sectores social y económico en la lucha contra la pobreza. Tradicionalmente ha existido un Consejo Económico por una parte y un Consejo Social por otra, asignándosele a este último la lucha contra la pobreza.  Es decir, es necesario rediseñar la estructura de coordinación política del Poder Ejecutivo.

Aprovechar las fortalezas institucionales, tales como las de los EBAIS,  la CCSS y el Fondo Nacional de Becas, por ejemplo.

Las propuestas de los últimos gobiernos poseen en alguna medida los elementos enunciados por Zumbado, sin embargo, el problema se torna más complejo, requiriendo el concurso de más calidad y cantidad en la participación de diversos actores sociales. Es por esto que Herrero y González (2006), denominan el problema de la pobreza como el “talón de Aquiles del desarrollo costarricense”.
Esta aseveración la hacen los autores basándose en el hecho de que el desarrollo de Costa Rica en los últimos veinte años no ha sido satisfactorio: aunque la pobreza se ha reducido, la desigualdad en la distribución del ingreso creció. En los últimos diez años, la situación desmejoró aún más: el porcentaje de la población en condición de pobreza se estancó, mientras los niveles de desigualdad crecieron más rápidamente.

La evidencia empírica, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, indica que al menos la mitad de la pobreza observada entre 1993 y 1995 está asociada con el deterioro en la distribución del ingreso, que el crecimiento económico reduce la pobreza y que la desigualdad reduce el crecimiento.

Un insumo fundamental para participar en el crecimiento es localizar y analizar las restricciones que enfrentan las personas pobres para participar en el crecimiento. Esto se podría lograr si: se incrementa la productividad de las actividades agrícolas mediante políticas tales como mejorar el acceso y reducir el costo de transacción en los mercados, fortalecer los derechos de propiedad de las tierras, crear un marco de incentivos para el beneficio de las actividades productivas, expandir la tecnología disponible para los y las  pequeñas productoras y ayudar a los sectores más pobres y más pequeños a manejar el riesgo.  También se propone aprovechar las oportunidades de empleo en las zonas no agrícolas y urbanas a través de medidas para mejorar el clima de inversión, expandir el acceso a la educación secundaria, diseñar regulaciones de mercado de trabajo para crear oportunidades atractivas de empleo e incrementar el acceso a infraestructura.

Las políticas universales y selectivas se pueden complementar, de manera que el enfoque selectivo puede contribuir a reducir las posibilidades de excluir a los grupos de mayor riesgo de las políticas de corte universal, combinar la democratización y la participación y modernizar la política social al darle mayor eficacia y eficiencia.

Personas expertas en el tema de la pobreza coinciden en que las instituciones del sector social están obsoletas o débiles. Entre otros, se señalan como problemas la falta de coordinación entre las instituciones que las aplican, la debilidad institucional del Fondo  de Asignaciones Familiares (FODESAF) y de las instituciones del Sector Social, la baja calidad en la gestión social del gasto social,  así como la debilidad en las redes de protección con escaso impacto en la reducción de la pobreza. Esto pasa además por superar la visión asistencialista y darle un sentido de impulso y desarrollo a las transferencias condicionadas.

Para Lara (en Herrero y González, 2006) es evidente que estamos siguiendo un modelo de desarrollo, un tipo de crecimiento económico, que no ha contribuido a reducir la pobreza y que más bien está provocando estancamiento en los niveles de pobreza y un proceso de concentración de los ingresos. El crecimiento económico se ha logrado sin aumentos en el empleo o por lo menos sin generar el tipo de empleos que pueden contribuir a reducir la pobreza: una proporción importante de personas no encuentran trabajo formal y se auto-emplea, lo que en una parte de casos,  significa un empleo precario.

La estrategia de transferencias condicionadas merece un examen minucioso, es mejor evaluar cuándo es mejor hacer la transferencia monetaria y cuando es mejor brindar el servicio. Gran parte de los recursos para atender pobreza en Costa Rica se utilizan en asistencia pura.  El problema es que no se puede saber cuáles resultados produce ese uso en asistencia social, porque no se puede rendir cuentas de éstos.

En las condiciones actuales se puede decir cuántas personas se atendieron y cuánto dinero se invirtió, pero no se puede tener claridad sobre resultados concretos sobre todo cuando no se percibe una reducción de la pobreza y un mayor acceso a bienes y servicios de calidad. Además, por ejemplo, el programa de transferencias no resuelve la pobreza, ya que por ejemplo una persona puede concluir su educación secundaria y no encontrar trabajo al egresar. El éxito de estas medidas pasa por la definición de políticas económicas para la generación de empleo. En Costa Rica es esencial desarrollar una revisión de la carga tributaria, así como un aumento en la inversión social.

Un camino hacia la protección de los derechos económicos y la autonomía económica: El Programa Avanzamos Mujeres. 

“Las corrientes del pensamiento económico, desarrollaron a través de la historia, distintos planteamientos y modelos para resolver el problema económico de la escasez, sin embargo, en este proceso histórico, estuvo ausente el papel de la mujer como sujeta activa en el sistema productivo, por lo que la concepción económica sufrió y sigue sufriendo deficiencias.  Teniendo como resultado una serie de discriminaciones y una invisibilización del trabajo de la mujer.” (INAMU, 2009. P. 39)

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Según datos de UNFEM (2006), en Costa Rica se ha mantenido la incidencia de la pobreza (a pesar del crecimiento económico), ha crecido la desigualdad y se han perdido posiciones en el índice de desarrollo humano (IDH).  Si bien nuestro país es el de menor incidencia de pobreza en Centroamérica (20 %), se siguen detectando importantes brechas de género en lo que se refiere acceso a recursos y acceso al mundo del trabajo.  En la mayoría de los años desde el 2000, los hogares con jefatura femenina (rural y urbana) tienen una incidencia mayor de pobreza con respecto a los hogares cuya jefatura recae en los hombres.  

En lo que respecta a las zonas rurales, la incidencia de pobreza en hogares con jefatura femenina osciló en los últimos años entre un 35 y un 40 %, es decir casi el doble del promedio general del 20 %.  Incluso, en el año 2006 -que se anunció la mejora en el país- la pobreza aumentó en estos hogares, generándose incluso una suerte de invisibilización al no evidenciarse este dato más allá del promedio general.

Si bien ha crecido la participación femenina en el mercado laboral (la tasa neta de participación de las mujeres pasó de 30, 6 en 1991 a 41,6 en 2007), todavía las mujeres son minoría en las ramas ligadas a la ciencia y tecnología y mayoría en las relacionadas con el cuido de otras personas. 

Además, esta mayor incursión en el mercado de trabajo no ha significado que lo hagan en igualdad de condiciones con respecto a los hombres, sobre todo lo que tiene que ver con los niveles salariales, a pesar de que la población ocupada de las mujeres supera a la masculina en el número de años promedio de estudio. Esto genera la interpretación de que a las mujeres se les están exigiendo  mayores niveles educativos que  a los hombres para la contratación y que hay discriminación en tanto a pesar de esta ventaja se siguen prefiriendo hombres en ciertos puestos.

Lo anterior, está muy ligado a que las mujeres siguen siendo consideradas las primeras responsables de las tareas domésticas y de cuido en la familia, en detrimento del ocio y el descanso, así como el acceso a mejores fuentes de empleo y estudio. Los hombres, por su parte no parecen acercarse al trabajo doméstico de manera que logren liberar el tiempo y la disposición de las mujeres hacia campos de mayor crecimiento económico.

Todas estas situaciones se dan en medio de condiciones de desigualdad económica de las mujeres, que forma parte de las discriminaciones de género, por lo que las respuestas requieren planteamientos integrales por parte del Estado costarricense.  De esta manera, en abril de 1998 se aprobó la Ley N° 7769 de Atención a las Mujeres en Condiciones de Pobreza. Como parte de las medidas para promover la superación de la insuficiencia de los ingresos de las mujeres, su acceso a recursos, sus oportunidades de educación, de atención y cuidado de sus hijas e hijos, así como actuar sobre factores psicosociales y culturales que limitan el desarrollo de las mujeres y fomentar el máximo aprovechamiento de sus capacidades y potencialidades por parte de la sociedad.

Como parte de la concreción de esta Ley, el INAMU asumió la tarea en el 2006 de formular la Estrategia para la Atención de Mujeres en Condiciones de Pobreza, fundamentada en  la Ley 7769 y tomando en cuenta los logros y retos de los programas Creciendo Juntas y Construyendo Oportunidades.  También fue tomada en cuenta información sobre la situación de las mujeres en el país, así como experiencias de otros países de América Latina en el desarrollo de programas similares. 

Del análisis, se considera estratégico el mejoramiento de la situación de las mujeres pobres ya que presenta beneficios directos sobre su familia y en especial sobre la nutrición, educación y bienestar de las niñas y los niños. Además les permite ganar autonomía, liderazgo y acceso a recursos tradicionalmente vedados. Asimismo, la inversión en educación y capacitación dirigida especialmente a las mujeres tiene retornos económicos y no económicos importantes, en términos de reducción de la pobreza, mejoramiento de la productividad, reducción de la fecundidad y un mejor futuro para sus hijas/os, articulado todo lo anterior por un ejercicio cada vez más pleno de sus derechos, con la subsecuente mejoría en la calidad de vida.

Como una forma de fortalecer la discusión y plantear alternativas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) propuso algunas sugerencias para salir de la pobreza entre las que se encuentran: la introducción de cambios políticos y la puesta en práctica de acciones en algunos ámbitos interrelacionados. Por ejemplo, se propone la acción positiva para fomentar un ambiente favorable a la igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres en el trabajo (Arraigada, 1998).

Lo anterior significa el uso adecuado de medidas de tipo legislativo, el acceso a la propiedad y al uso de los recursos productivos, como la tierra, los recursos financieros y de capacitación, potenciando así su capital humano como una manera de fomentar su productividad y acceso a las oportunidades de empleo asalariado.

Además, es necesario ampliar la protección social, mejorar las condiciones de trabajo, fortalecer la organización y la capacidad de negociación de las mujeres pobres, superando el enfoque asistencialista, sin que esto signifique renunciar a los subsidios -considerados ahora como una acción afirmativa para que mujeres accedan a espacios que por su condición de género, le han sido limitados-.

En este sentido se apuesta por fomentar la equidad social en diversos ámbitos (sobre todo en lo relacionado con la generación de ingresos y la obtención de capacidades personales y laborales), de manera que se potencie el empoderamiento, el ejercicio de la ciudadanía y la autonomía económica de las mujeres no sólo en lo personal, sino también en lo colectivo, tratando de superar el enfoque tradicional de eficiencia  –basado en la competencia de mercado-  del ámbito laboral y promoviendo los derechos económicos de las mujeres como un piso para su desarrollo e inserción en otros ámbitos del desarrollo. 

La baja incorporación de la mujer al trabajo y sus efectos, el hecho de que se dé en términos precarios con respecto al desarrollo de su familia y que por ende se limiten las posibilidades de su familia de salir de la pobreza, se convierten en ejes de acción centrales para la definición de políticas, dado que Costa Rica es un país con altas tasas de jefas de hogar pobres, que evidencian la discriminación de los mercados y las discriminaciones institucionales. La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y la forma de conciliar adecuadamente, como sociedad, lo productivo con lo reproductivo, son temas centrales no porque las mujeres son pobres, sino porque son áreas centrales del desarrollo social.

Ya los programas "Creciendo Juntas", y su antecedente inmediato "Formación Integral para las Mujeres Jefas de Hogar", se perfilaban como respuestas a la necesidad de dar atención priorizada a los grupos más vulnerables del país, dentro de los cuales se encuentran las mujeres pobres que asumen la conducción del hogar e incluyendo paulatinamente a otras mujeres en condición de exclusión que no tenían la  jefatura.  Cada vez más, desde el inicio de estos programas, tomando en cuenta la complejidad de la pobreza, se hacen mayores  esfuerzos para la atención integral, interinstitucional y con perspectiva de género de las mujeres en condiciones de pobreza.

La Estrategia de Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza, tiene los siguientes objetivos generales:

Reducir las brechas económicas y sociales que afectan a las mujeres en su diversidad, mediante la ampliación de capacidades y oportunidades, a fin de mejorar su calidad de vida y reducir la pobreza.

Desarrollar un conjunto articulado de servicios – transferencias y alternativas de atención a las mujeres en condiciones de pobreza, según su ciclo de vida y condiciones particulares, como parte integral de la red de protección social para la reducción y superación de la pobreza.

El Programa “Avanzamos Mujeres” si bien comparte en gran medida los objetivos y componentes de sus antecesores: “Creciendo Juntas” y “Construyendo Oportunidades”, da un giro significativo al incorporar los siguientes componentes:

Cuenta con una estrategia metodológica bien definida mediante la utilización por parte de todas las participantes del programa del documento denominado “Fortaleciendo mis capacidades para una mejor calidad de vida: Mi Cuaderno de Vida”, mismo que les es entregado a cada una de las mujeres y se convierte en un instrumento de consulta constante para ellas no solo en los espacios de capacitación (denominada “Formación Humana”), sino también en su vida cotidiana.   Las profesionales facilitadoras del proceso cuentan también con una guía metodológica para las sesiones de trabajo.

Como resultado de la Formación Humana, las mujeres construyen un Plan de Vida, que se constituye como un insumo para el seguimiento dentro del proceso de empoderamiento y autonomía, a la vez que brinda datos de entrada sobre las necesidades básicas y estratégicas de las mujeres en condiciones de pobreza.  Para este proceso de articulación (Segunda Fase), se cuenta además con módulos con temas diversos que pretenden la inserción de las mujeres en proyectos personales y colectivos de cambio, además de que se aprovechan los espacios interinstitucionales (CONI y Secretaría Técnica (1)) para fortalecer las posibilidades de las mujeres que plantean su plan de vida.

Estos datos son insumos para la construcción y sostenimiento de un sistema de información para el registro y seguimiento de los procesos formativos. (en construcción en este momento)

Este conjunto de información permitirá al conjunto de instituciones responsables de la ejecución de la Ley 7769, desarrollar acciones en pro de lograr cambios para el adelanto de las mujeres en condiciones de pobreza mediante acciones concretas, procedimientos y políticas públicas.

Para el desarrollo del programa se cuenta con 32 profesionales quienes desarrollan la facilitación en todo el país, además de un equipo de seguimiento, supervisión y coordinación (interna y externa) compuesto por siete profesionales  más la coordinadora del Área de Desarrollo Regional, instancia responsable de este proceso.

La estrategia de intervención del programa, implica el desarrollo de un sistema de formación para mujeres en condiciones de pobreza y está conformado por los siguientes ejes: Ingresos – trabajo remunerado; Educación y capacitación técnica; Crédito y otros beneficios no financieros para la producción; salud, seguridad social y vivienda; cuidados: infantil, personas adultas mayores y con discapacidad.

Como se puede ver, los derechos económicos de las mujeres se han convertido en un eje central de atención, por lo que nos encontramos en un proceso de transición para superar la visión asistencialista, centrando la atención en los mencionados derechos como puerta de entrada para superar los problemas de desarrollo social y cómo estos afectan a las mujeres.  El gran reto ahora es que la acción gubernamental de este giro hacia un nuevo papel de los actores sociales involucrados y la generación de una institucionalidad renovada, que responda de manera articulada a los intereses y necesidades básicas y estratégicas de las mujeres.

Como parte esencial de la oferta articulada se definieron originalmente tres servicios complementarios con respectos a las transferencias monetarias, considerados estratégicos para el desarrollo de alternativas para las mujeres  en condiciones de pobreza, estos son: Formación humana, formación académica y capacitación, y servicios no financieros de apoyo para la empresariedad.

 El INAMU actualmente tiene la responsabilidad sobre el proceso de formación humana de forma directa (primera fase), los otros dos servicios, son el resultado de la coordinación interinstitucional, por lo que si bien el INAMU puede liderar los procesos o brindar información de entrada, el cumplimiento de sus objetivos depende del concurso de varias instituciones debidamente articuladas y corresponden a una segunda fase.

El objetivo general de la formación humana es: "Implementar un proceso de capacitación a mujeres en condiciones de pobreza que les permita crear y apropiarse de herramientas afectivas y cognitivas para generar cambios personales y colectivos, orientados a la toma de decisiones en los distintos ámbitos de sus vidas y a la superación de sus condiciones de pobreza".

Sus objetivos específicos son:

Revisar el proceso de socialización y de construcción de la identidad femenina de las mujeres, desde su condición de género, para potenciar la capacidad de cambio.

Promover el reconocimiento de los derechos de las mujeres como una manera de fomentar su ejercicio como ciudadanas.

Informar y divulgar las políticas públicas de género, sus instrumentos y acciones como una forma de contribuir a que las mujeres se apropien de ellas y velen por su implementación y sostenimiento.

Ofrecer orientación vocacional con perspectiva de género y acompañamiento a las mujeres en condiciones de pobreza.

Este componente está diseñado para ser implementado en 19 sesiones de cuatro horas cada una en un periodo de cuatro meses y medio. El desarrollo de este proceso de fortalecimiento es vital para poder alcanzar el desarrollo de los demás componentes, sobre todo el de Capacitación Técnica y Educativa ya que se espera que las mujeres sean protagonistas en sus vidas y se conviertan como consecuencia del proceso, en agentes de cambio.
Las 5 unidades para la Formación Humana, cubren la primera fase del proceso en el Cuaderno de Vida con temáticas que versan en: los derechos de las mujeres, identidad y socialización, poder, pobreza y exclusión, Violencia de género, oportunidades que brinda el Estado de Derecho, organización, liderazgo y ciudadanía, Proyecto de vida y plan de acción.
Además, el proceso de seguimiento para la articulación de necesidades de las mujeres (segunda fase) cuenta con 8 módulos con los temas: Salud, Educación, capacitación técnica y aprendizaje, Liderazgo, Empresariedad  (gestión empresarial y empleabilidad), Calidad de Vida y felicidad, Derechos al descanso, Empleabilidad, Organización y participación.

Como respuesta a las metas del Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010) y en el marco de la Estrategia de atención para mujeres en condiciones de pobreza, en el 2009 se trabajó en los siguientes ejes:

 Microempresariedad y ciudadanía. La acción institucional se orientó hacia la capacitación y la asesoría a las mujeres en microempresariedad, organización, liderazgo y formación humana. Complementariamente, se diseñó y está en operación un módulo digital, en el que se registran los datos de las mujeres en condiciones de pobreza que participan en la formación humana.

Las mujeres indígenas en condiciones de pobreza, fue la población priorizada en el ámbito de fomento de la microempresariedad, así como de su ciudadanía y organización. Participaron también mujeres que habían asistido a la capacitación en formación humana en el 2008 y que se encontraban en una fase de seguimiento.

En estos procesos se pueden destacar los siguientes logros sustantivos:

1. El mejoramiento de la calidad de la producción y la comercialización de la producción artesanal de las mujeres indígenas ngöbes, y su participación como expositoras en la Feria de Mujeres Microempresarias que organizó el INAMU del 27 al 30 de noviembre, 2009. La producción que llevaron fue adquirida por las personas visitantes y lograron hacer contactos de negocios con varias empresas orientadas al turismo internacional.
2. Las mujeres indígenas de Coto Brus y Talamanca, desarrollaron talleres de capacitación sobre derechos para mujeres de sus comunidades utilizando afiches y grabaciones realizadas en sus respectivos idiomas. El proceso de capacitación de las mujeres como promotoras de derechos, la producción del material sobre derechos que requerían en su idioma y el aporte económico brindado por el INAMU, para cubrir los gastos de alimentación y hospedaje, fueron factores clave para la obtención de los objetivos propuestos.
3. En materia de organización a nivel nacional, el INAMU ha facilitado un espacio de encuentro entre las mujeres indígenas de las diferentes etnias del país, a efectos de impulsar una agenda de interés colectivo, frente a la institucionalidad pública. Se destaca la importancia del cumplimiento efectivo de los compromisos que asumen las o los funcionarias(os) de las instituciones, ya que las dificultades que enfrentan las mujeres para su movilización, por falta de medios de transporte y de recursos económicos, les impide incidir en que se plasmen las acciones convenidas.

En lo relativo a la capacitación a mujeres en condiciones de pobreza, la capacitación en formación humana y articulación de necesidades que realizó el INAMU cubrió a mujeres en todo el país, quienes fueron seleccionadas por el IMAS, con el aporte del INAMU, en algunas regionales donde el personal de dicha institución no pudo cumplir con su compromiso. El cuadro No.1 y el gráfico No.1, refieren el comportamiento de la convocatoria y de la participación de las mujeres en la capacitación en formación humana y en el seguimiento sobre articulación de necesidades.

 Cuadro No. 1. INAMU: mujeres en condiciones de pobreza y vulnerabilidad capacitadas en el 2009 por región.

Gráfico No.1 INAMU: Número de mujeres en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, convocadas y capacitadas en el 2009 por región.

Las regiones Pacífico Central y Brunca acusaron un mayor porcentaje de deserción, lo que está asociado al costo de la inversión que requieren hacer las mujeres para asistir a la capacitación, sin disponer del subsidio económico del IMAS.  Además, en algunos casos las mujeres desertan para aprovechar oportunidades de empleo en la zona, lo que implicaría –en caso de ser contratadas con todos sus derechos laborales- una situción que mejoraría sus condiciones de vida, lo cual es parte de los objetivos del proceso.

Los procesos formativos, se realizaron en 161 grupos que se ubicaron en las localidades más próximas a los lugares de residencia de las mujeres, a efecto de facilitar su traslado. El promedio de mujeres por grupo fue de 21, pero se presentaron variaciones de acuerdo con el número de mujeres identificadas en cada lugar. A continuación, el cuadro No.2 muestra la distribución regional de los grupos indicados.
 

Cuadro No.2. INAMU grupos organizados por región para la capacitación en formación humana y articulación de necesidades, 2009

Como factores que contribuyeron al logro del nivel de cumplimiento de la meta son los siguientes:

La disposición de las mujeres a invertir tiempo y esfuerzos en una capacitación que les permite reflexionar sobre su condición ciudadana, a pesar de las limitaciones y la precariedad en las que se desenvuelven sus vidas.

Los vínculos de las unidades regionales del INAMU, así como las sedes regionales del IMAS, con las mujeres en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, que permitieron la localización y la conformación de los grupos a capacitar.

La obtención del recurso humano y financiero para coordinar, facilitar, documentar y dar seguimiento a los procesos de formación humana en todo el país.

El compromiso del equipo técnico y administrativo del INAMU, para responder a las demandas de reclutamiento, selección y nombramiento de personal, la dotación de equipo para el trabajo de las facilitadoras y la inducción en la Estrategia de Atención a las Mujeres en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

La asignación presupuestaria del IMAS para atender parcialmente los requerimientos de un incentivo económico a las mujeres seleccionadas para la capacitación.

La operación del registro de mujeres identificadas, en el Sistema de Información Institucional, que ha permitido perfilar a las mujeres y los grupos, así como llevar el control de quienes concluyen los procesos de formación humana, el registro de los Planes de Vida y el monitoreo de la articulación de necesidades e intereses de las mujeres con los Programas Sociales Selectivos.

La producción de materiales sobre derechos humanos (con legislación actualizada) adaptados a las necesidades y nivel educativo promedio de las mujeres.

El INAMU recibió un presupuesto para desarrollar la Estrategia de Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza, que ascendió a ¢614.093.250 y fue ejecutado en un 58%. La subejecución presentada responde al inicio tardío de los procesos de capacitación, producto de los tiempos que necesitaron las instituciones competentes para aprobar el presupuesto y las plazas para el personal responsable de la capacitación. De este modo, se obtiene que la inversión promedio por mujer capacitada fue para este año de ¢103.091.

Otras limitantes presentadas en el proceso de ejecución de la Estrategia, que impidieron el logro de la meta propuesta al 100%.

1. La imposibilidad legal del INAMU de incidir en las decisiones de las entidades públicas externas relacionadas con el funcionamiento de la Estrategia de Atención a Mujeres en condiciones de Pobreza, como fue el caso del IMAS que no pudo cumplir oportunamente con la responsabilidad de asignar incentivos económicos a las mujeres, para que pudiesen financiar sus gastos de transporte y alimentación para asistir a la capacitación.
2. La insuficiencia de personal administrativo en el INAMU para la compra de materiales, el nombramiento de personal y el mejoramiento de las instalaciones, lo que obligó a un sobreesfuerzo del mismo, para hacer dicha gestión en un período muy breve , a fin de iniciar la capacitación en junio 2009.
3. La falta de apoyo familiar y de servicios de bajo costo para el cuido de sus hijas e hijos, unido a las oportunidades de empleo temporal que obtienen en la recolección del café.

En el curso del 2009, el INAMU realizó ingentes esfuerzos con el IMAS para corregir las dificultades señaladas, pero ello no fue posible, ya que el personal de dicha institución, tiene una alta carga de trabajo, que les impide la aplicación de los instrumentos requeridos para determinar, si una persona puede ser beneficiaria del subsidio que necesita para participar de la capacitación en formación humana.

Asimismo, el INAMU aplicó medidas de contingencia para asegurar la disposición de los recursos humanos y materiales para iniciar con los procesos de capacitación de las mujeres, destinando tiempo extra de su personal, para cumplir con la gestión administrativa requerida.

Dada la naturaleza del trabajo de capacitación del INAMU, que se realiza con miras a propiciar el cambio cultural que construya la igualdad y la equidad de género, así como el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, resulta insuficiente medir la efectividad de la Estrategia de Pobreza, solo en función de la asistencia y la participación de las mujeres en la formación, por ejemplo.

Por ello, la institución tiene en desarrollo algunos indicadores de efectividad relacionados con la elaboración y la aplicación de los planes de vida de las mujeres, que puedan dar cuenta de los cambios que han vivido y los avances obtenidos en el ejercicio de su ciudadanía, en los ámbitos: económico, político, social y cultural.

 A modo de aproximación para conocer la efectividad de la Estrategia, se realizaron las siguientes acciones, que estaban debidamente programadas:

1. La prestación de asistencia técnica y supervisión a las facilitadoras de los grupos de mujeres, como parte del modelo de capacitación establecido por el INAMU, a efecto de garantizar la calidad del servicio que se ofrece y el cumplimiento de los objetivos propuestos para la formación humana.
2. La coordinación de la propuesta operativa de la Estrategia de Pobreza con la Secretaría Técnica y la Comisión Nacional Interinstitucional, responsable de los programas de atención de las mujeres en condición de pobreza, y que es un espacio estratégico para la toma de decisiones, concernientes a las responsabilidades de las instituciones.
3. La realización de 10 encuentros regionales para el seguimiento y la evaluación de la Estrategia, a los que asistieron 400 personas y contó con la participación de representantes de las mujeres que se estaban capacitando, quienes se mostraron satisfechas con los procesos en desarrollo.
4. La operación del módulo sobre las características de las mujeres en condiciones de pobreza, que sentará las bases para el seguimiento de los planes de vida y para identificar carencias colectivas, que puedan ser satisfechas en alianza con las instituciones responsables y eventualmente, con el sector privado, a saber organizaciones no gubernamentales, empresariado, cooperativas, entre otros.

Las principales dificultades para la evaluación de la Estrategia de Atención de las Mujeres en Condiciones de Pobreza y otras acciones institucionales como la capacitación a microempresarias y a organizaciones, se centran en:

1. La carencia de personal profesional en el ámbito de la evaluación, que pueda diseñar y operar un sistema de evaluación integral, conducente a la apreciación de los resultados de las acciones estratégicas institucionales, y que sea capaz de operar en los diferentes ámbitos de la intervención.
2. La sobrecarga de trabajo del personal, que imparte la capacitación que muchas veces le impide documentar exhaustivamente el proceso formativo, con el propósito de mejorar al modelo que se está aplicando.
3. La falta de instalaciones adecuadas para albergar al personal que realiza la capacitación así como de vehículos que faciliten el traslado del personal y del material didáctico, considerando que los locales en los que se trabaja, están distantes de las cuatro oficinas regionales del INAMU,  que no cubren todo el país.

En conclusión, se percibe un alto grado de satisfacción por el avance obtenido en el cumplimiento de las metas inscritas en el PND, por las siguientes razones:

1. La Estrategia y las acciones institucionales se enfocan en las mujeres que se encuentran en una situación de violación a sus derechos económicos, sociales y culturales, que es la población priorizada por el INAMU y por los planes de gobierno.
2. Los resultados obtenidos de la capacitación brindada, en términos de cobertura y de aprendizaje de las mujeres, constituyen un indicador del cumplimiento de los objetivos del plan nacional de desarrollo, en el sector social que prioriza la atención de las mujeres en condiciones de pobreza.
3. La misión del INAMU así como los objetivos y las políticas institucionales, apuntan a una atención integral de las mujeres en condiciones de pobreza, articulando y ensanchando los servicios de atención que se les ofrecen.

Es pertinente introducir algunas acciones de mejora para el avance en el fortalecimiento personal y colectivo de las mujeres en condiciones de pobreza, a saber:

1. Revisar los parámetros de selección de las mujeres que utiliza el IMAS, para incorporar a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social.
2. Formalizar los mecanismos de articulación con los diferentes programas sociales para atender integralmente las necesidades planteadas por las mujeres, asegurando el compromiso de las instancias involucradas.
3. Brindar el incentivo económico a todas las mujeres que participen en la Estrategia, incluidas quienes participan en la segunda fase del proceso.
4. Obtener un mayor involucramiento de las instituciones que conforman la Secretaría Técnica, en la ejecución de los procesos formativos con las mujeres y en la definición de una estrategia de articulación de necesidades e intereses planteados por las mujeres.
5. Mantener actualizado al personal que capacita a las mujeres en el abordaje teórico y metodológico de la facilitación para el desarrollo óptimo del proceso.
6. Evaluar la estrategia de atención a mujeres en condiciones de pobreza con el concurso de las instituciones participantes, con el objetivo de fortalecer los procesos de articulación de necesidades e intereses.
7. Dotar al INAMU del personal requerido para poner en marcha un sistema de evaluación que permita apreciar la efectividad de las acciones institucionales, en los términos que establece la misión institucional:

Bibliografía

2010. INAMU. Balances del Área de Desarrollo Regional, Ejecución del Programa Avanzamos Mujeres 2009 y primer semestre 2010.

2010. UNIFEM. Actualización de perfiles de género del Istmo Centroamericano.  (Ana Carcedo, coordinadora); INAMU, Agenda Económica de las Mujeres-CR; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Costa Rica.

2009. León, Víctor. Impacto de la crisis económica en la situación de las mujeres. Observatorio de Economía Informal. España.

2007. INAMU. Estrategia para la Atención de las Mujeres en Condiciones de Pobreza. Instituto Nacional de las Mujeres.

2006. Herrero Acosta Fernando y González Rodríguez Gladys. Pobreza: Talón de Aquiles del desarrollo costarricense. Primera Edición, Procesos. San José, Costa Rica.

2006. INAMU. Marco Conceptual sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres.  Aproximaciones teóricas.  1 Edición San José.

2004. De Grammont, Hubert C. La Nueva ruralidad en América Latina. Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Sociales.  Revista Mexicana de Sociología año 66, número especial  2004, México D.F.

1998. Arraigada, Irma. En Arraigada y Torres, C. "Género y Pobreza. Nuevas Dimensiones". Isis Internacional.

1995. Plataforma de Acción de Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada Beijing.

1985. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Notas:

(1)   Comisión Nacional Interinstitucional (CONI), conformada por IMAS, INAMU, INA, MTSS.    Secretaría Técnica Ley 7769, conformada por INAMU, INA, IMAS, MIVAH, MTSS, MEP, CCSS y BANHVI (estas tres últimas como invitadas especiales). (volver a nota 1)