Solicita criterio en cuanto a: "...si el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), dentro de su ámbito de competencia tiene o no, la obligación de atender la problemática de la mujer agredida, en función general, o solamente en su función de madre".
La Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, M.Sc. Bárbara Holst Quirós, mediante oficio Nº DE-166-98, de 10 de julio del año en curso, solicitó el criterio de la Procuraduría General de la República en relación con los alcances del artículo 5 del Reglamento a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, concretamente en torno a las competencias del Consejo "... en materia de fiscalización, las acciones que dicha fiscalización implican y los alcances de su intervención con respecto a la recomendaciones derivadas de su función".
La Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, consulta mediante oficio DE-188-98 si el Comité constituido por representantes de las organizaciones con discapacidad, al estar reconocido legalmente, puede tener personería jurídica para efectos de recibir ingresos de otras entidades públicas y privadas.
La Ministra de Justicia y el Director del Instituto Nacional de Criminología, consultan pronunciamiento sobre la posibilidad de la aplicación del régimen de visita conyugal a personas mayores de quince años y menores de dieciocho, que se encuentran privados de libertad y mantienen una unión de hecho.
El SubGerente General de la Junta de Protección Social solicita aclarar algunas dudas relacionadas con la Ley 7600 y con el dictamen emitido en oficio C-035-99 de 05 de febrero de 1999. La duda se genera, por cuanto el Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, en oficio 20785 del 17 de diciembre de 1998 (anterior al dictamen), señala al Jefe del Departamento Social de la Junta de Protección Social de San José, una serie de consideraciones en torno a la Ley 7600 y sus efectos en cuanto a la prestación de los servicios de salud. Con fundamento en este oficio, expresa la Junta lo siguiente: "Según el Gerente Médico de la Caja Costarricense del Seguro Social Dr. Fernando Ferrero Dobles en su Oficio 20785 del 17 de diciembre de 1998 (copia adjunta), todos los asegurados tienen derecho a las ayudas que da la Caja Costarricense del Seguro Social como ayudas económicas para la compra de prótesis, aparatos ortopédicos, sillas de ruedas etc., cuando reúna las condiciones establecidas en la normativa y medien los estudios que la institución estime conveniente (Con excepción de los afiliados por cuenta del Estado)".
La señora Bárbara Holst Quirós, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, solicita el criterio de la Procuraduría General de la República sobre los alcances del inciso a) del art. 17 de la Ley N° 7972.
Mediante oficio N° D.E.-062-2002-2002 del 19 de los corrientes, la MBA. Tatiana Mora Alpizar, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Política de la Persona Joven, solicita el criterio del órgano superior consultivo técnico-jurídico con respecto a la Ministra de la Condición de la Mujer
El Gerente General del ICT, en oficio N. G-415-2003 de 11 de marzo de 2003 consulta el criterio de la Procuraduría General de la República, en relación con la posible antinomia entre el artículo 40 de la Ley Orgánica de ese Instituto y el artículo 6 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
(Protección a la imagen de las mujeres y menores de edad)
El Dr. Fernando Naranjo Villalobos, mediante oficio Nº 1955DAJ de 21-11-95 solicita colaboración para contestar denuncia planteada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Asociación Pro Defensa de Pensiones Alimenticias para Madres y Menores, APRODEPAMM vrs. Costa Rica.
El Dr. Gerardo Trejos Salas, Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, mediante oficio Nº CJ 03-98, de fecha 2 de marzo de 1998, remite el Proyecto de "Reforma del artículo 36 del Código Procesal Penal", con el propósito de que se emita, al respecto, la correspondiente opinión jurídica.
La Dirección General de Política Exterior, por oficio No. 696-98- ST-PE, consulta el criterio de esta Institución referente el texto del "Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños", que es parte de los instrumentos legales que han surgido en el seno de la Conferencia Internacional de Derecho Privado. (...) En particular, le solicito su criterio en relación con la designación de la llamada "Autoridad Central" a la que hace referencia al instrumento legal internacional citado".
La Licenciada Mónica Nágel Berger, Ministra de Justicia, solicitó el criterio de la Procuraduría General de la República acerca del proyecto de ley " Penalización de la Violencia contra mujeres mayores de edad".
Por oficio número MCM-PE-186-01, de fecha 19 de marzo del año en curso, la Presidenta Ejecutiva del INAMU solicita el criterio de este órgano asesor sobre una serie de aspectos relativos al plazo de nombramiento de una integrante de la Junta Directiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), específicamente de la representante de las organizaciones sociales, esto con motivo de la designación hecha por el Consejo de Gobierno por acuerdo Nº 84 de 28 de octubre de 1999, Artículo 4º del acta de la sesión ordinaria Nº 75, celebrada el 26 de octubre de 1999, publicado en La Gaceta Nº 251 de 27 de diciembre de 1999.
La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa, solicito el criterio de la Procuraduría General de la República en relación con el proyecto denominado "Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional", según el texto que se tramita mediante el expediente legislativo N° l4.624.
Através de oficio sin número de 04 de setiembre de 2002, suscrito por el señor Diputado Carlos Herrera Calvo, se solicita la opinión técnico- jurídica de la Procuraduría General de la República en relación con el ?Proyecto de Ley para la Penalización de la Violencia contra las Mujeres?, expediente legislativo Nº 13.874
Mediante oficio n.° CJ-02-01-03 del 30 de enero del año en curso, la diputada Gloria Valerín Rodríguez, presidenta de la Comisión Permanente Especial de la Mujer, solicita el criterio del órgano superior consultivo técnico-jurídico sobre el proyecto de ley de "Reforma a Varios Artículos del Código Municipal, Ley No. 7794 de 30 de abril de 1998. Ley de Creación de las Oficinas Municipales de las Mujeres", el cual se tramita bajo el expediente legislativo N° 14.879.
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