Gobierno de la República anuncia frente común para detener violencia contra las mujeres

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El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, el Ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort, y la Ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora Castellanos, firmaron este martes el decreto y directriz que declaran de interés prioritario nacional la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres.

Esta firma es producto de un amplio trabajo liderado por el INAMU junto a más de veinte instituciones, en respuesta a la dramática situación de la violencia contra las mujeres, que se refleja con el registro de 14 femicidios en lo que va de año.

"Tenemos que levantar la voz para que esta violación de derechos humanos se detenga", exclamó la ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del INAMU, Patricia Mora, en un emotivo acto en Casa Presidencial en la que estuvo acompañada por todas las mujeres del gabinete, de las presidencias ejecutivas y varias diputadas.

Todas ellas se sumaron a este histórico compromiso de dar una atención prioritaria a este problema social y firmaron una declaración política en la que manifiestan en forma vehemente su rechazo a los femicidios, a la violencia, a la impunidad y a la discriminación contra las mujeres. (Se adjunta pronunciamiento).

El decreto firmado este martes incorpora alrededor de 40 acciones y obliga a todas las entidades estatales a que inscriban o fortalezcan programas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en el marco de la Política Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades (PLANOVI 2017-2032). 

"Vamos a apostar en primer lugar por la prevención primaria y la detección, pero también a fortalecer y ampliar los servicios para que atiendan con diligencia y pertinencia a las mujeres de todas las edades y se hagan efectivas las medidas de protección", comentó el presidente Alvarado.

Agregó que si bien es cierto, la erradicación de esta problemática requiere de un cambio profundo en la cultura machista que solo se podrá lograr en el largo plazo, esta declaratoria permitirá seguir abonando a los esfuerzos que ya el país ha venido realizando, con la diferencia de que hoy se le solicita a todas las instituciones estatales dar prioridad y que ajusten sus presupuestos en el corto plazo para combatir y prevenir la violencia contra las mujeres.

Anunció que "esa labor no la haremos solos, contaremos con el compromiso, apoyo y respaldo del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Asamblea Legislativa y la Administración central y descentralizada".

Por su parte, la ministra Mora fue enfática en señalar que "cuando una mujer es asesinada por el simple hecho de ser mujer, cuando las niñas siguen siendo violadas, cuando en los Tribunales las denuncias siguen llegando y en el Congreso se siguen discutiendo leyes para proteger a las mujeres, es evidente que estamos en una situación donde tenemos que actuar con mayor celeridad y levantar la voz para que esta violación de derechos humanos se detenga". 

"Por eso hoy hacemos un solo frente común para luchar contra este problema social que está matando a nuestras mujeres", señaló.

El decreto incorpora alrededor de 40 acciones, como la creación de nuevos Centros de Atención Integral y Albergamiento para mujeres y sus hijos e hijas (CEAAM), ampliación de Comités locales de atención inmediata y seguimiento a situaciones de alto riesgo de femicidio (Clais) y la creación de nuevas Defensorías Sociales en zonas vulnerables. (Se adjunta documento).

Además, se trabajará en: empoderamiento económico con mujeres jóvenes, capacitación a la policía comunitaria, mejoramiento del control de armas de fuego, fortalecimiento con la primera infancia, impulso a la aplicación sobre la Ley de relaciones impropias y a la promoción de nuevas masculinidades y de factores protectores frente a la violencia.

Como testigos de honor a la firma del decreto y de la directriz estuvieron las diputadas Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea Legislativa; Shirley Díaz, Nielsen Pérez y José María Villalta, integrantes de la Comisión de la Mujer;  Eugenia Zamora, Magistrada Vicepresidenta del TSE,
Ileana Mora Muñoz, Fiscal General Subrogante, y María Gabriela Alfaro Zúñiga, Fiscal Adjunta Asuntos de Género.

Números en rojo

Del 2012 hasta el 2017 se solicitaron 286.597 medidas de protección a los juzgados competentes, un promedio de 47.757 al año. Para el 2017, el 80% de las personas que solicitaron medidas de protección fueron mujeres.

Los delitos sexuales contra mujeres y niñas van en aumento. Datos del Poder Judicial señalan que del 2010 al 2016 se interpusieron 46.754 denuncias por estos delitos. En ese último año, el 84% (9.626) de las víctimas fueron mujeres.

A partir del 2009 la cantidad de denuncias por Ley de Penalización aumentaron.

El femicidio es la expresión máxima de la violencia contra las mujeres. En Costa Rica, desde el 2008 hasta el pasado 10 de agosto han sido víctimas de la violencia machista un total de 304 mujeres.

ACCIONES QUE HARÁN LA DIFERENCIA

Esta Declaratoria de Interés Nacional se enfocará en cinco grandes apuestas: 

  • Prevenir el femicidio
  • Mejorar el acceso de las mujeres a servicios de atención
  • Fortalecer los mecanismos institucionales para que las mujeres tengan mejor y mayor acceso a la justicia y a la protección
  • Impulsar la Ley sobre relaciones impropias
  • Trabajar en la promoción de una cultura de igualdad y de no violencia.

En cada uno de estos focos de atención se desarrollarán acciones específicas, algunas son: 

  • Ampliar la capacidad de los Albergues del INAMU (CEAAM) para proteger a mujeres en riesgo de femicidio. El INAMU realizará una inversión para ampliar la infraestructura existente y contar con más espacios para recibir a mujeres en riesgo de muerte. 
  • Controlar el acceso a armas de fuego. El Ministerio de Seguridad se comprometió a impulsar la reforma al reglamento de decomiso y destrucción de armas, esto en aquellos casos que fueron utilizadas para cometer violencia intrafamiliar o cualquier forma de violencia contra las mujeres.  El objetivo de la iniciativa es que estas armas nunca se devuelvan a los ofensores.
  • Continuar capacitando a la policía, pero esta vez con especial énfasis a la policía comunitaria de los programas preventivos.  A la fecha se han capacitado a más de 200 oficiales dentro del programa preventivo de violencia intrafamiliar.  En cada una de las 99 delegaciones policiales se cuenta con al menos 3 policías capacitados, sin embargo, se quiere ampliar aún más esta capacitación con especial énfasis en la policía de seguridad comunitaria.
  • Mejorar la aplicación de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres. Al día de hoy existe aproximadamente un 87% de desestimaciones de los delitos de la Ley de Penalización de violencia contra las mujeres.   Este año se conformó una comisión de alto nivel en el Poder Judicial que pondrá en marcha un plan de trabajo estratégico para atender los nudos críticos que se han encontrado a lo interno de este sector en relación con la aplicación de la Ley de Penalización lo cual permitiría mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas.  Se pretende que se agilicen procesos internos, que se brinde un mejor acompañamiento a las mujeres para que se atrevan a denunciar, que se apliquen protocolos y se mejoren los mecanismos de investigación y persecución de los delitos.  También que se apliquen las medidas cautelares que la Ley establece.
  • Ampliar a más cantones los Comités Locales de Atención Inmediata y Seguimiento a casos de alto riesgo de femicidio. En la actualidad hay CLAIS funcionando en 15 cantones del país.  Esta es una estrategia para dar atención y protección inmediata en el nivel local a mujeres que están en alto riesgo.  Sus resultados son muy efectivos porque permite la actuación inmediata y coordinada del Juzgado, de la Fiscalía, de la Policía y del INAMU en la propia localidad donde viven las mujeres.   Estos comités se ampliarán a Ciudad Quesada, Los Chiles, Talamanca y Garabito.
  • Ampliar las Defensorías Sociales. Esta iniciativa garantiza la representación legal a las mujeres.  Se instalarán nuevas defensorías en Puntarenas, Ciudad Quesada, Liberia y Limón. Esta iniciativa se realiza de forma conjunta INAMU-Colegio de Abogados, que coordina los despacho.
  • Impulsar la aplicación efectiva de la Ley sobre Relaciones Impropias. Esta ley tiene casi dos años de haber entrado en vigencia y aún existen problemas para que se haga efectiva su aplicación.  Se necesita trabajar más fuerte para ir desmontando todos los prejuicios y la normalización de este tipo de violencia sexual hacia las niñas y adolescentes que impide que esta ley se aplique.  Por lo anterior, se creará una estrategia inter-institucional para sensibilizar y capacitar al personal de instituciones clave con la colaboración del PANI, la Defensoría de los Habitantes, el INAMU, el Ministerio Público y la Fundación PANIAMOR.

La prevención primaria y la promoción de una cultura no violenta es otra de las prioridades, por lo que algunas acciones puntuales son:

  • Ampliar el proyecto de promoción de cultura de paz e igualdad del Programa de Primera Infancia del MEP. El Ministerio cuenta con un programa para promover la cultura de paz y la igualdad en el Programa de Primera Infancia. Este programa incluye el trabajo con niños y niñas en temas vinculados a la igualdad entre hombres y mujeres, la resolución no violenta de conflictos, el manejo del enojo, las relaciones respetuosas, etc.  Se pretende que este programa se amplíe a más centros educativos
  • Capacitar en la construcción de masculinidades. Se incluirá la formación de funcionarios públicos para que trabajen el tema de las masculinidades para la igualdad y la no violencia con niños, adolescentes y jóvenes.  Esta es una apuesta estratégica para involucrar a los hombres en nuestro trabajo porque confiamos en que las futuras generaciones estarán cada vez más comprometidas con la no violencia.
  • Trabajar con jóvenes la prevención de la violencia contra las mujeres en los Centros Cívicos para la Paz y en el Programa Penal Juvenil. Se trabajará en coordinación con el Ministerio de Justicia para que se capacite a jóvenes que participan en las actividades de los Centros Cívicos en las comunidades y con los jóvenes que están integrados al Programa Penal Juvenil. 

Crear planes locales municipales de prevención de la violencia contra las mujeres. Desde el nivel local se puede comprometer y movilizar a muchos sectores sociales para prevenir la violencia contra las mujeres.   Las Municipalidades son actores protagónicos y por eso se replicarán acciones de este tipo en los cantones de Los Chiles, Ciudad Quesada, Puntarenas y Limón.