Costa Rica presentará su sétimo informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas

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Mañana, viernes 7 de julio, tendrá lugar la defensa oral del sétimo informe de Costa Rica sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Este ejercicio representa una valiosa oportunidad para exponer, ante los 22 miembros del Comité de la CEDAW los avances del país en esa materia y el proceso de elaboración del informe. Por otra parte, la delegación deberá dar respuesta a las interrogantes de los miembros de dicho Comité acerca de los desafíos y las áreas susceptibles de mejora que enfrenta el país.

Bajo la puesta en práctica de una metodología diferente a la desarrollada en otras ocasiones, la elaboración del informe, se planteó como una oportunidad para posicionar la Convención como un instrumento de derechos humanos de acatamiento obligatorio en todos los ámbitos. Además, sirvió como una plataforma para discutir con la sociedad civil acerca de la relación entre del cumplimiento de los compromisos asumidos con la Convención y la modificación de los patrones culturales y los estereotipos sociales para la búsqueda de la igualdad sustantiva. Este proceso, culminó con una sesión de rendición de cuentas con 30 organizaciones de la sociedad civil.

En Costa Rica, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado poseen una jerarquía normativa de rango constitucional, -como es el caso de esta Convención-, es así como el país reporta avances en 16 normativas nacionales relacionadas con las mujeres. Las recientes resoluciones sobre la paridad de género en los partidos políticos y las juntas directivas, así como la interpretación del concepto de la unión de hecho en el marco de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres son ejemplos puntuales de su aplicación.

El país, mediante la Política Nacional para la Equidad e Igualdad de Género (PIEG), -en su tercer plan de acción- busca reducir las brechas en todas las esferas. El mismo fue suscrito por las jerarquías de todos los Poderes de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones. Además, incorpora a más de 26 instituciones con acciones concretas en ese sentido. 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) como ente rector en materia de derechos humanos de las mujeres, ha fortalecido y ampliado sus servicios especializados, como el fondo de transferencias económicas (FOMUJERES) dirigido a mujeres emprendedoras y el programa de formación humana dirigido a mujeres en condición de pobreza.

Asimismo, otras instituciones públicas han iniciado con servicios de atención: El Poder Judicial, por ejemplo, ha puesto en marcha equipos de respuesta rápida, sistemas integrados de atención y centros de respuesta inmediata a mujeres en riesgo de femicidio.

La aprobación de la Política Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres 2017-2032 es, sin lugar a duda, uno de los progresos más destacables. A diferencia de las políticas anteriores, en esta ocasión se trabajará con la población infantil y adolescente para lograr un cambio cultural para la prevención de la violencia y promover la igualdad, en colaboración con el Ministerio de Educación Pública (MEP).

En materia de salud, se aprobó la reglamentación de la fecundación in vitro para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, como implantación acciones puntuales ajustadas a las necesidades de ciertas poblaciones como los son mujeres rurales, con discapacidad, privadas de libertad y de la población LGBTTIQ.

Adicionalmente, todos los demás derechos consignados en la Convención serán abordados por la delegación constituida por la Ministra de Condición de la Mujer, Alejandra Mora; el Embajador Christian Guillermet, Director de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; la Magistrada del Poder Judicial, Doris Arias; la Directora General de Áreas Estratégicas del INAMU, Yolanda Delgado; el Coordinador del Programa Sectorial de Género del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Robin Almendares; y las funcionarias diplomáticas de la Misión Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas en Ginebra.