INAMU hace un llamado a la denuncia y a la solidaridadde las personas adultas ante el apoyo que piden niñas y adolescentes

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500 embarazos de niñas menores de 15 años se registran anualmente en Costa Rica. Esa alarmante cifra hoy tiene rostro simbólico en dos niñas de 13 y 16 años que se denuncia que fueron violadas por su padre y producto de ese incesto actualmente están embarazadas.

Los embarazos de niñas y adolescentes constituyen una de las formas más perversas de violencia sexual porque invaden la vida de las mujeres desde muy temprana edad y generalmente se prolongan durante el resto de su niñez y adolescencia. "En una cantidad importante de casos, los abusadores de menores de edad son personas muy cercanas que conviven o que gozan de la confianza de la menor. En muchos casos los ofensores suelen ser los padres, padrastros, hermanos, tíos o algún otro familiar masculino que se aprovecha de su condición para acercarse. El abuso se sostiene por el silencio exigido mediante amenazas y chantajes que incluso son de matar a su madre, a ellas mismas o incluso de suicidarse, garantizando lo que permite continuar con la situación del abuso sexual", destacó Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del INAMU.

Cambio en las medidas cautelares

Desde hoy se está coordinando una reunión con la Comisión de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia con el fin de analizar cómo la especificidad de la violencia sexual en las niñas y adolescentes, incide en las decisiones judiciales de dejar en libertad a los presuntos abusadores sexuales de sus hijas.

"Es lamentable la no consideración de la naturaleza de la violencia sexual perpetrada por personas que no solo tienen la llave de la casa, sino la llave del ejercicio del poder y control.  El arraigo debe releerse en el marco de estas características de la violencia sexual, por parte de los jueces penales", enfatizó Mora al tiempo que señaló que las medidas cautelares que se usan para otros delitos no son las que se tienen que aplicar en este tipo de delitos. "No es lo mismo poner una medida cautelar a una persona que cometió un robo o algún delito contra la propiedad que a una persona cuyo delito fue contra otra persona con la cual mantiene una relación de confianza y de cercanía, quien está obligada a silenciar los hechos sobre la base de las amenazas constantes. De hecho, este es un elemento importante a considerar por los funcionarios judiciales para que los casos no caigan en impunidad y se reduzcan las altas tasas de desestimiento". 

El riesgo de estas personas que se han atrevido a romper el silencio porque ya no aguantan la carga de los abusos, de dolor, de sufrimiento es enorme. Al verse descubiertos estos agresores harán todo lo posible para que no se haga justicia.

El INAMU hace un llamado a todas las mujeres jóvenes que quieren hablar sobre su situación para que llaman al 9-1-1 y pidan con la línea del INAMU, personal capacitado escuchará y asesorará. La llamada es confidencial y no implica una denuncia.

Delitos sexuales contra menores de edad no deben prescribir

En el Código Penal costarricense la prescripción de los delitos sexuales contra una persona menor de edad corre a partir de que la víctima cumple 18 años de edad, o de que esté en condiciones de poner una denuncia, siendo que en su mayoría las víctimas son mujeres con una estigmatización social y un abordaje parcializado que re victimiza, juzga y silencia.

"Un gran porcentaje de víctimas no accede a la justicia por una serie de procedimientos que re victimizan e inhiben la denuncia. A ello se suman los factores emocionales y psicológicos que trastornan la vida de las víctimas, con el agravante de que el agresor es una persona cercana y de confianza, lo que genera más silencios. Esta situación podría cambiar si en el país se aplicara la imprescriptibilidad a este tipo de delitos, proyecto que estamos preparando para que sea acogido por diputados y diputadas", finalizó Mora.

Esto garantizara un esquema de Derechos Humanos, un mayor acceso a la justicia de grupos vulnerables como lo son las mujeres y los menores de edad, sin limitar los procesos y asegurando el accionar del sistema penal.