INAMU celebra el rechazo a la acción de inconstitucionalidad del pago de salario escolar

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Recientemente, la Sala Constitucional rechazó Ad Portas acciones de inconstitucionalidad contra el Salario Escolar. El pago del Salario Escolar es una obligación de las personas deudoras alimentarias que se basa en las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño, el Código de Familia y la Ley de Pensiones Alimentarias.

Lo resuelto debe llamar nuestra atención porque además de consolidar el papel del Estado garante de derechos, rechaza explícitamente acciones cuyo trasfondo es el cuestionamiento a los avances hacia la igualdad entre hombres y mujeres.

Esta decisión representa una nueva reafirmación de los derechos humanos de las mujeres y los niños y las niñas y nos llama como INAMU a reconocer los esfuerzos que mujeres individualmente y en colectivo, han tenido que hacer para sostener sus familias y para seguir enfrentando cuestionamientos a la doctrina de los derechos humanos sobre la corresponsabilidad del cuido y de obligaciones. 

Los cuestionamientos reiterados relacionadas con el pago de las obligaciones derivadas de la paternidad, responden a un resabio del derecho romano en donde el pater familia tenía amplios poderes de hasta decidir a quiénes cubría su protección y cuidado. Hoy día algunas personas reclaman como privilegio la decisión de cuáles obligaciones paterno-filiales cumplir y en qué medida, cuando es una decisión de carácter judicial. Los cuestionamientos acerca del pago de pensión alimentaria coloca una ponderación privilegiada del que tiene obligaciones, excluyendo la ponderación de las necesidades de las personas beneficiarias a recibir esa prestación. 

El pago de la pensión alimentaria y de las prestaciones que comprende debe ser oportuna. Es necesario considerar que el pago de los gastos derivados de la instrucción o la educación tiene un contenido y momento específico para hacerse, razón por la cual La circular Del Consejo Superior del Poder Judicial (159-08) dispuso que las sentencias debían fijar un monto previsible por concepto de gastos por inicio de curso lectivo, a favor de los beneficiarios que cursen estudios. 

Se trata de una inversión que debe hacerse al menos una vez al año para cubrir necesidades de educación. Es decir, es una erogación que se sabe que debe hacerse y cuya monto, en tanto previsible puede calcularse previamente.

Fundiapho ha venido cuestionando la ley por casos individuales que no pueden generalizarse para la desacreditar todo el Instrumento jurídico de pensiones. 

Sobre esta forma de actuar que siempre cuestiona la obligación y que apunta a mantener un status quo, un orden preestablecido, el teórico Miguel Lorente, dice: las ideas y las propuestas hay que defenderlas con argumentos, mientras que para defender el orden establecido, basta con rechazar todo aquello que lo cuestiona.

Las acciones judiciales recientemente presentadas, al ser rechazadas por el órgano constitucional, nos da la razón de continuar defendiendo las necesidades de las mujeres, niños y niñas acreedoras alimentarias.