Deudores de pensión alimentaria deben pagar salario escolar

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Las personas deudoras alimentarias que tienen la obligación de cancelar el salario escolar deben hacerlo en acatamiento a lo señalado en el Código de Niñez y Adolescencia y el decreto ejecutivo 30955: Regulación sobre el acceso de los acreedores alimentarios al salario escolar de los servicios públicos.

En el país, existe la Ley No.8682 cuyo fin es promover el ahorro entre los trabajadores del sector privado para impulsar el salario escolar, con el fin de proteger y fomentar el derecho a la educación de la familia, particularmente de los niños, niñas y los jóvenes y enfrentar el período de entrada a clases en los centros educativos del país.

En su artículo 4, dicha normativa señala que el salario escolar será entregado en forma acumulativa al trabajador (del sector privado) dentro de los 15 primeros días del mes de enero de cada año en un solo pago y dicho importe gozará de las protecciones establecidas en la legislación laboral.

Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), señaló que el salario escolar es un gasto ordinario que se paga en cuota diferenciada y que se debe prever cada año para los gastos de la educación propios del inicio del curso lectivo.

Técnicamente, el salario escolar es producto de una retención mensual al salario ordinario que se paga en enero. A quienes no se les reduce de planilla el bono escolar, deben tomar las previsiones del caso para cancelarlo.

 "El salario escolar hay que pagarlo porque las necesidades están ahí, cotidianamente, cada año en el mes de febrero, para que las niñas, niños y adolescentes puedan estudiar. Es un derecho que tienen los hijos e hijas y una obligación que tiene sus progenitores", destacó la Ministra.

La definición del monto a cancelar por concepto de salario escolar lo define un juez o jueza, en algunos casos se hace contra presentación de las facturas y en otros se homologa al pago de la pensión alimentaria. Este pago lo deben hacer tanto funcionarios públicos como privados e independientes.

Ante la Sala Constitucional, el INAMU acompañará la defensa de los derechos de las mujeres, niños y niñas, que pretendan -en materia alimentaria- disminuir los estándares que se han logrado en esta materia.